La publicidad de la declaración patrimonial de todo el gabinete (excepto Jesús Murillo Karam, procurador general de la República) refleja plásticamente la filosofía del actual Gobierno Federal: simular el cambio y mantener intacto lo sustantivo; elaborar y difundir un discurso que no tiene correspondencia con la realidad; y, desde luego, todo bajo la batuta del presidente Enrique Peña Nieto.
Contrario a lo que sucedía en los gobiernos anteriores, donde la decisión de hacer pública o no su declaración patrimonial era estrictamente personal, en este caso el presidente ordenó que se hicieran públicas, pero declaraciones a medias, pues no revelan los valores de los bienes que reportan, simplemente las características de éstos, lo cual no permite cumplir con los objetivos de la misma declaración patrimonial de los servidores públicos.
La medida pretende crear la imagen de que todo el gabinete presidencial está comprometido con la transparencia y, por lo tanto, no tiene ninguna objeción en que se conozcan públicamente sus patrimonios; pero como la realidad es que se oponen a la misma y no tienen ningún compromiso con la transparencia ni intenciones de realizar un cambio de fondo, su acción pierde todo su valor, pues si en caso de los bienes inmuebles los conocedores pueden intentar ponerle números, en el de las cuentas de cheques y de inversiones, monedas y metales es absolutamente ridículo darlas a conocer sin ponerle el valor de las mismas.
Pero además el presidente pronuncia un discurso en el que destaca que al presentar su declaración de situación patrimonial no únicamente cumple con un mandato legal, sino con una obligación ética. Textualmente señaló: "Cumplo así no sólo con un mandato legal, sino, también, con una obligación ética que normará los actos de quienes somos parte de este equipo de trabajo dentro del Gobierno de la República, que tiene que ver con la rendición de cuentas".
La Ley señala que la declaración patrimonial debe rendirse ante la agonizante Secretaría de la Función Pública y, cuando se cree, será ante la Comisión Nacional Anticorrupción y es optativo el hacerla o no pública. En el pasado las opciones eran simplemente sí o no, no había puntos intermedios, es decir, sí pero sin los valores de los bienes o sí, pero únicamente una parte, así que se tuvo que modificar el sistema, para permitirle al presidente teclear una orden que le permitió dar a conocer su declaración a medias.
El objetivo de la declaración patrimonial es poder darle seguimiento a la evolución de su capital, particularmente si éste se incrementa en forma desmedida y, sobre todo, inexplicablemente de acuerdo a sus ingresos anuales; pero cuando el documento no tiene los valores monetarios de cada uno de los bienes, no se le puede dar dicho seguimiento. Y el hacerlos públicos, con todos los datos incluidos, permite que dicho seguimiento no únicamente lo realice la autoridad correspondiente, sino que cualquier ciudadano lo pueda hacer.
Es tan importante que estén incluidos los valores de los bienes que la misma Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece en su artículo 83: "En la declaración inicial y final de situación patrimonial se manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición". Previamente en su artículo 80, establece: "…El servidor público que en su declaración de situación patrimonial faltare a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de esta Ley, será suspendido, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de tres meses a tres años".
Así que los miembros del gabinete presidencial presentaron su declaración de situación patrimonial con los valores de adquisición de cada uno de sus bienes, al menos en el caso de los inmuebles como están explícitamente obligados por ley; pero a la opinión pública le dieron una versión light, para que la ciudadanía no pueda darle seguimiento a su situación patrimonial.
Esto muestra que en el discurso el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas aparece como total, pero en los hechos éste no existe, pues de nada sirve que se conozca un listado de bienes, cuentas bancarias y demás bienes sin valores monetarios que permitan saber la situación patrimonial real de cada uno de los integrantes del gabinete. La distancia entre dichos y hechos es grande, pero permite crear la sensación (simplemente la sensación) de que hay cambios y éstos son positivos.
Si realmente hubiese ese compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas no tan sólo se hubiese hecho pública la declaración completa, incluidos los valores de adquisición de todos los bienes y los montos de las cuentas bancarias e inversiones, además se hubiese enviado una iniciativa de reforma legislativa para obligar a dicha publicidad, pues no hay razón de peso para no hacerlas públicas, al menos las de los funcionarios del nivel superior (presidente, miembros del gabinete ampliado, subsecretarios, integrantes de los órganos de gobierno de los organismos autónomos, ministros de la Suprema Corte, entre otros).
Pero no existe tal compromiso, simplemente la intención de engañar con acciones que permitan crear la impresión de su existencia. Y lo que sucedió en este caso, hasta hoy no es la excepción sino la regla; la operación gatopardo en todo su esplendor: "Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie". En este caso hay un cambio de discurso y de prácticas, pero no de estructuras ni de realidades.
