Recuerdo a Felipe Calderón en 2006, días antes de asumir la Presidencia de la República, señalando con gesto preocupado el gran riesgo que el crimen organizado le significaba al país. El candidato que había prometido ser el presidente del empleo se preparaba ya para convertirse en el de la guerra contra el narco.
No dudo de la buena fe de Calderón. Ya entonces rodaban las cabezas en los bares de Michoacán. No sólo él: la nación entera estaba escandalizada y preocupada. Una de las grandes demandas de los mexicanos era poner fin al reto que los cárteles de la droga habían lanzado al Estado.
Sin duda hubo algunos logros en la lucha contra el narco. El hallazgo de 205 millones de dólares, 18 millones de pesos, 200 mil euros y otros valores en la casa del empresario Zhenli Ye Gon el 15 de marzo de 2007 fue quizá el golpe mediático más efectivo. Más importante, sin embargo, fueron los grandes decomisos de droga, como el de 23.5 toneladas de cocaína en Mazatlán o el de 11.7 toneladas en Altamira, ambos también en 2007.
Calderón buscó presentarse a sí mismo como el primer presidente mexicano realmente comprometido en la lucha contra el narco, pero el ex procurador Ignacio Morales Lechuga lo rebatió en su momento con cifras tomadas de un informe de gobierno del propio Calderón. Ya cuando se aproximaba el fin de sexenio, el presidente impulsó una campaña de medios para recalcar que durante su gestión habían sido "neutralizados" -detenidos o muertos- la mayoría de los principales líderes del narcotráfico en el país.
Este panorama de éxito del que presumía el gobierno contrasta con el fracaso si el esfuerzo se mide por el flujo o el consumo de drogas en México y los Estados Unidos o por el número de homicidios y ejecuciones en nuestro país. A este saldo hay que añadir la absolución de varios de los personajes a los que la PGR acusó de complicidad con los cárteles de la droga, como el ex subprocurador Noé Ramírez Mandujano y el ex subsecretario de la defensa Tomás Ángeles Dauahare.
El presidente ejercía una enorme presión sobre su equipo para presentar resultados positivos en la guerra contra el narco. Quizá esto fue lo que motivó la detención de Ramírez Mandujano y Ángeles Dauahare sin más prueba que los testimonios comprados de criminales. Se buscaba justificar el esfuerzo más importante del gobierno. Es la misma razón que llevaba al cotidiano desfile ante los medios de detenidos custodiados por agentes enmascarados que portaban armas largas.
Al final la intensidad del deseo de dar resultados abrió la puerta a la mayor decepción de un sexenio que quizá habría merecido mejor suerte. La liberación de tantos arraigados y procesados con declaraciones de testigos comprados demuestra la perversión de un sistema que en vez de buscar justicia pretendía complacer al presidente.
No sé qué tanto sabía Calderón sobre la debilidad de los casos que su gente montaba. Pero ¿qué es peor? ¿Que el presidente haya sabido que sus subalternos estaban deteniendo a inocentes o que nunca se haya molestado en revisar críticamente los expedientes? Por otra parte, no olvidemos que varios de los jueces que tuvieron el valor de resistir las presiones y decretar la libertad de los acusados fueron hostigados e investigados por el gobierno.
Felipe Calderón, que quizá fue un buen presidente en muchas cosas, tomó la decisión de ser juzgado por su esfuerzo más ambicioso: la guerra contra el narco. El fallo de la historia, me temo, no será positivo.
ROSARIO Y EL PRI
Rosario Robles destituyó ayer a varios funcionarios de Sedesol en Veracruz que fueron grabados mientras planeaban usar recursos públicos para apoyo electoral del PRI. La secretaria, que dice ser apartidista, ha tomado una medida correcta, pero inquieta la facilidad con que los viejos priistas parecen tener la posibilidad de disponer de fondos gubernamentales para usos políticos.
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