La Procuraduría General de la República (PGR) firmó un acuerdo para crear la Comisión Forense de Identificación y establecer las causas de muerte de más de 300 cuerpos localizados, en su mayoría, en fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León, -hallados entre agosto de 2010 y mayo de 2012-, en el que participarán por primera vez las organizaciones de familiares de migrantes desaparecidos de países como El Salvador, Honduras y Guatemala.
Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, encabezó la ceremonia en la que se oficializó el acuerdo, que será emitido en el Diario Oficial de la Federación, que deja en claro que no se volverá incinerar sin identificar ningún cuerpo o que no se vuelva a entregar sin que haya la identificación plena, con lo que se corrige una de las quejas más recurrentes de los deudos.
El funcionario, ante activistas de Centroamérica que han luchado por la búsqueda de los migrantes desaparecidos en trayecto hacia Estados Unidos, dijo que no se busca crear falsas expectativas ante un problema tan grave.
Dijo que "nada más lejos en el ánimo de quienes estamos intentando encontrar un camino que pueda resolver la gravedad de un problema tan intenso como éste, que alimentar expectativas falsas, que generar esperanzas de algo que pudiera no darse o que simple y sencillamente sirva para ir llevando el problema y, como algunos dicen, ir pateando el bote".
Murillo Karam dejó en claro que es obligación del Estado mexicano atender este problema. "Es su obligación atenderlo, meterse de lleno, y en ese propósito yo no veo la razón por la que hasta hoy hemos enfocado este problema más con encono, más con desconfianza, en ocasiones más hasta con odio, que de la manera que entiendo que puede ser muchísimo más efectivo y productivo el resultado que tengamos, hasta donde podamos llegar con honestidad plena".
Asumió el compromiso de "hacer todo lo que se tenga que hacer hasta donde se puede llegar, y la forma más clara es ésta. Si tenemos que firmar un convenio para dejar claro nuestras intenciones, firmamos éste y los que vengan y los que sean necesarios".
El proyecto incluye la participación activa de las organizaciones de familiares de migrantes desaparecidos de países como El Salvador, Honduras y Guatemala, cuyas líderes que asistieron a la firma del acuerdo, pidieron "que no quede solo en el papel", y que éste sea el primer paso para que en un futuro también se establezca un mecanismo para la búsqueda de desaparecidos vivos.