La detención y encarcelamiento del jefe de campaña del Partido Movimiento Ciudadano, en pleno proceso electoral para renovar la alcaldía de Torreón, exige un análisis de lo acontecido.
Según el parte de Policía y las noticias de prensa de la semana pasada, José Luis Dovalina Romero fue detenido por agentes de la Procuraduría de Justicia de Coahuila, a bordo de un automóvil señalado con un reporte de robo y placas sobrepuestas, por lo que fue consignado a un Juez Penal y está sujeto a proceso.
Dovalina ha hecho carrera en los gobiernos del PRI por más de veinticinco años, desde que fue asesor de la bancada priista en el Congreso Local en tiempos del gobernador Eliseo Mendoza Berrueto. Después ocupó diversos puestos en la Procuraduría de Justicia de Coahuila y entre 2003 y 2007, fue Director del Registro Público de la Propiedad en Torreón.
No es la primera vez que Dovalina enfrenta cargos penales. En tiempos de Humberto Moreira concluyó su función de Registrador, en medio de acusaciones por la presunta falsificación de certificados de libertad de gravámenes. Las acusaciones sirvieron para que el moreirato purgara la estructura de elementos ingresados en administraciones anteriores, quitando de en medio entre otros funcionarios a Dovalina.
A la fecha la Procuraduría de Coahuila no ha informado en que paró la investigación de aquel entonces, por lo que ni en ese caso ni en el presente sabremos si Dovalina es culpable o inocente de los cargos de ayer y hoy, pero sí sabemos que el sistema de impartición de justicia en manos de los priistas, no sirve para proteger a la sociedad, sino para forzar acomodos burocráticos y castigar disidencias políticas.
Seis años después, ahora que Dovalina aparece como jefe de campaña de Raúl Sifuentes, expriista que busca la alcaldía de Torreón por el PMC, el sistema Moreira imputa a Dovalina la comisión de un nuevo delito y monta una campaña de propaganda, para sentar un precedente ejemplar que evite la ruptura al interior del tricolor, y para atemorizar al resto de los priistas que quieran sacudirse el yugo de Moreira. Lo anterior revela que la candidatura de Sifuentes, es vista con nerviosismo y preocupación en el Palacio Rosa.
Desde un principio se advirtió como un riesgo para el PRI la división en cuestión, porque los votos que se calcula que Sifuentes reste al priismo, contribuirán a un eventual triunfo de Jesús de León como abanderado del PAN. Sin embargo, la idea de Sifuentes no es ayudar al PAN, sino que al ver que el barco de Moreira está haciendo agua, ofrece un bote salvavidas a los priistas que quieran salvarse del naufragio. Sifuentes apuesta a que el hartazgo de los torreonenses frente al moreirato, incluidos muchos priistas, pueda fragmentar la maquinaria electoral del PRI en beneficio de su propia candidatura.
Desde el punto de vista político, el caso demuestra que la supuesta unidad del PRI depende de un sistema que utiliza la estructura de impartición de justicia y la seguridad pública del Estado como herramienta de ajuste de cuentas entre grupos antagónicos, y que las divisiones que existen en otros partidos pasa a ser un juego de niños.
Desde la perspectiva de la procuración de justicia en el escenario de una sociedad expuesta a la violencia criminal, resulta ofensivo que los recursos humanos y materiales de los que disponemos en Coahuila para la investigación y persecución de los delitos, sean empleados al estilo de la legendaria KGB de la extinta Unión Soviética, para espiar, grabar, filmar, perseguir y ahora, hasta para encarcelar a los disidentes.
