En octubre de 2000, a sólo unas semanas de cierre de su mandato, el presidente Ernesto Zedillo inauguró a vuelo de fanfarrias los trabajos de reconfiguración y modernización de la refinería de Pemex instalada en Cadereyta, Nuevo León, señalando el discurso oficial que se trataba de una "obra monumental".
El problema es que se cortó el listón cuando las 32 plantas que integraban el conjunto no podían trabajar ni a la quinta parte de su capacidad instalada, sin perspectiva a la vista para la integración.
En el escenario -como lo publicamos en su momento sin que se haya desmentido una línea-, aún no se concluían las plantas refinadoras de petróleo ligero, hidrosulfatadora de naftas y reformadora de naftas… por más que Pemex había obligado a la constructora, es decir, al consorcio Conproca integrado por la empresa alemana Siemens y la coreana SK Engineering and Construction, a cambiar 300 válvulas que, a juicio de los peritos, no reunían la calidad requerida.
Lo patético del caso, además, es que para realizar las pruebas-piloto de funcionamiento de la raquítica capacidad instalada debieron utilizarse destilados transportados en barco del puerto de Dos Boca a Ciudad Madero… de donde se bombearían a la ciudad en colindancia con Monterrey. El oleoducto, es decir, el artífice, la estrella de la función en el esquema de transformación de petróleo crudo a gasolina, no pudo abrirse ante la sospecha de que la tubería utilizada era de segunda. La corrosión era tan evidente, que muchos técnicos dudaban de que pudiera pasar la mínima confrontación con la norma internacional. Lo patético del asunto es que dos años después no se había concluido uno de los eslabones del sistema, es decir la planta productora de coque de petróleo, energético que sustituya al gas natural como combustible de plantas generadoras de energía eléctrica.
El contrato original para la construcción de la planta, en paralelo a la reconfiguración, lo tenía la empresa Protexa, quien incumplió los tiempos previstos, rescindiéndosele el contrato… cuya estafeta la tomaría Tribasa, quien se había incorporado al consorcio Conproca. El problema es que tampoco ésta pudo con el paquete, que se le entregó a la constructora ICA.
Lo malo del asunto es que Cementos Mexicanos había pactado un contrato de compra del coque por tres años, cuya fecha de arranque estaba desfasada, lo que obligó a Pemex a importar el producto a su favor para evitar el pago de una colosal multa.
En su afán de ahorrar costos frente al raquítico precio contratado, mil 700 millones de dólares, cuando la oferta que le seguía era mil 200 millones más cara, los coreanos trajeron al país 400 jóvenes para trabajar como soldadores, eludiendo de esa forma el servicio militar obligatorio de dos años… en cuarteles.
El caso es que de acuerdo con el esquema de contratación, es decir, los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto, Pemex no podía pagar las facturas hasta no tener certeza de que la refinería trabajaría a 100%, dado que justo el flujo generado garantizaría el recurso.
El hecho es que en 2001, finalmente, se destrabaría el asunto milagrosamente, al aceptar Pemex no sólo el finiquito de las obras, sino el pago de algunos reclamos que había colocado Conproca en la mesa por supuestos vicios ocultos en el contrato y trabajos ajenos a éste. El documento hablaba de "ajuste de eventos críticos".
En la coyuntura saldría a escena la Secretaría de la Función Pública en el papel de amigable componedora, de cara a un litigio que se ventilaba en la Corte Internacional de Arbitraje con sede en París. La dependencia logró la firma de dos convenios: uno fechado el 3 de mayo de 2003, para modificar el convenio integral celebrado el 11 de diciembre de 2003, y otro el 22 de junio del propio año, "para facilitar la resolución de las controversias relativas al proyecto Cadereyta en el marco del arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional.
Textualmente, este último hablaba de "lograr la conciliación y el finiquito de las mutuas reclamaciones en torno al proyecto Cadereyta".
El documento de 12 páginas lo firmaron por parte de la paraestatal el director general de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio, y por parte de Conproca los ejecutivos Chang Kwon Liew y Viktor Warkentin García.
En prenda de buena voluntad Pemex liberó la garantía que había dejado en la mesa Conproca al momento de la firma del contrato, vía cartas de crédito. El caso es que ni así. Suspendido momentáneamente el procedimiento de arbitraje, éste se reanudaría después, con la novedad de que lo ganó Conproca.
La pelea, hoy, es por saber quién le dobló la mano a los funcionarios de la paraestatal para dejarse ganar.
BALANCE GENERAL
Hasta el momento son 110 mil las solicitudes de amparo planteadas por sindicatos o trabajadores en lo individual contra la reforma laboral, en un escenario en que hasta hoy ésta no se ha traducido en la catarata de empleos prometidos.
De hecho, son escasos, casi simbólicos, los casos de contratación por horas de amas de casa o de estudiantes. Tampoco se ha abierto la posibilidad de privilegiar el primer empleo.
De acuerdo con lo previsto, la Suprema Corte analizará casos aislados para establecer jurisprudencia que permita desahogar el conjunto.
La avalancha será mayor cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje desahogue las inconformidades planteadas por los sindicatos, dado que entonces sí habría hacia donde solicitar la protección de la ley.
¡REDIEZ!
Contra los pronósticos de Pemex, en su análisis sobre las ventajas de adquirir 51% del capital del astillero gallego Hijos de J. Barrera pagando 5.1 millones de euros, va para largo la posibilidad de destrabar un conflicto que atora la posibilidad de la firma de tener contratos. Estamos hablando del esquema fiscal que decretó el gobierno español conocido como "tax lease", que permite la devolución de algunos impuestos a las firmas contratantes. El esquema fue denunciado ante la Unión Europea por Holanda, Noruega y otros países, por considerar que generaba ventajas artificiales a los gallegos.
El caso es que la resolución sobre la validez o invalidez del esquema no llega.
Y el caso es que de resultar adversas ésta, los astilleros de Nueva Galicia deberán pagar mil 700 millones de euros, dado que el "tax lease" funcionó entre 2002 y 2010.
Autorizada por el Consejo de Administración de la empresa pública la adquisición del astillero, ésta se mantiene en "impasse".
LEYES, NO CóDIGOS
La Organización Mundial de la Salud le está enviando a México un pliego en el que recomienda elevar a rango de ley el combate a la comida chatarra, tras reconocerse que el esquema de autorregulación fracasó estrepitosamente.
De acuerdo a las cifras del organismo, 7 de cada 10 adultos y 2 de cada 10 niños tienen problemas de sobrepeso.
Albertobarrancochavarria0@gmail.com