Luego de que se diera a conocer que el nuevo subdelegado de la PGR en Saltillo, Jesús Vega Romero, purgó una condena por el delito de delincuencia organizada, el presidente de la Asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, Jorge Verástegui, manifestó que su designación degradará aún más la confianza en las autoridades.
Dijo que pese a que se respetará la presunción de inocencia del subdelegado, se buscará comentar la situación con las autoridades federales, pues su nombramiento dificultará el establecimiento del diálogo de las víctimas con esta autoridad.
"De entrada nosotros vamos a respetar la presunción de inocencia, sin embargo queremos diferenciar que será muy complicado dialogar con una persona en quien no podemos confiar, pues ya nos pasó esto con la subdelegada anterior, quien está presa por la misma situación", dijo.
Destacó que hace una semana el Gobierno federal reconoció que las pruebas de control y confianza que se estaban aplicando a los servidores públicos, no garantizaban al cien por ciento la fiabilidad, por lo que se confirma que probablemente aún sigan trabajando funcionarios en el estado vinculados con el crimen organizado.
"Las pruebas no son del todo viables y nos orilla a cuestionarnos quién más se encuentra en esta situación y que funcionarios están laborando en común acuerdo con la delincuencia organizada", destacó.
En otros temas Verástegui manifestó que para ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas, en la administración pasada se implementó un fondo por parte de la Procuraduría General de la República, para quien aportara información fidedigna sobre la desaparición de las personas, sin embargo no se cuentan con registros de su impacto.
"Lamentablemente no hubo la difusión necesaria y no sabemos si bajo este mecanismo se logró recuperar alguna víctima", dijo.
Además dio a conocer que ya se llevaron a cabo las reuniones con las autoridades de gobernación para restablecer el diálogo y determinar la situación actual que guardan las víctimas de la desaparición forzosa.
"El secretario de Gobernación ha reconocido que la desaparición forzada es la violación más grande que se puede hacer a los derecho humanos y por ello se habló en el sentido de crear una ley que vaya más allá de la tipificación y que integre los cuatro derechos que son la educación, el trabajo la salud y la vivienda", indicó.
