La respuesta de los gobiernos mexicanos a las protestas sociales ha oscilado entre la represión y la lenidad. El justo medio -la aplicación sistemática de la ley con respeto a los derechos humanos- es algo exótico en nuestro país. En la era del partido hegemónico el método era la cooptación o el aplastamiento. Después de la masacre de Tlatelolco, no por consideraciones de legitimidad, sino por cálculo político, empezó la renuencia al uso de la fuerza pública para confrontar movimientos populares. La tendencia a llegar a "arreglos" con los grupos de presión fue creciendo gradualmente, y con ella los incentivos para el surgimiento de profesionales del chantaje y la proclividad gubernamental a permitir la afectación a los derechos de terceros, con lo cual la impunidad se replicó del otro lado del mostrador.
El hecho es que la violencia legítima es una de las pocas actividades en México que no es regida por un monopolio. Las encuestas muestran que en nuestra sociedad hay una minoría dispuesta a legitimar acciones violentas si persiguen causas justicieras y una mayoría que repudia los desmanes, pero es ambivalente ante la coacción restauradora del orden, probablemente por el remordimiento de consciencia que suscita la desigualdad y la miseria. Por eso, y porque la gente reprueba que las autoridades se ensañen con los luchadores sociales, sobran políticos que prefieren no arriesgarse y buscan evadir la impopularidad tolerando alborotos callejeros, aunque lo que campee en ellos sea la corrupción.
La nueva prueba al viejo partido es la reforma educativa. La movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que por el momento se libra en Guerrero, es de pronóstico reservado. En la CNTE coexisten practicantes cíclicos del juego rudo que buscan prebendas de temporada y los líderes y las bases ultras del magisterio, para los cuales el objetivo final es el derrocamiento del régimen opresor. Al lado de su radicalismo, el sindicato al que pertenecen -que insistía en distinguir en su publicidad televisiva la responsabilidad de la "S" de la rijosidad de la "C"- representa la docilidad, y en comparación con lo que viene el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo fue pan comido. Si esto no se entiende no se leerán correctamente las implicaciones de la adhesión de policías comunitarias, normalistas y demás grupos que conforman el Movimiento Popular Guerrerense.
El asunto es muy complicado. Existen dos izquierdas que ya se contrastaron en Europa y ahora lo hacen en México. Una, la reformista, reivindica el Estado de bienestar que la socialdemocracia construyó en la Europa del siglo XX, y en consecuencia impulsa reformas para crear sociedades con bajos niveles de desigualdad en una economía capitalista humanizada por la intervención estatal. La otra, la que se levanta en Guerrero y amenaza hacerlo en Michoacán, Oaxaca y Chiapas, es abierta o solapadamente revolucionaria. Si bien admite largos recesos tácticos en el camino, repudia el capitalismo en cualquiera de sus manifestaciones y juzga claudicantes a quienes dejan de luchar y resistir antes de que sea destruido. Sus activistas e intelectuales conservan lo que yo llamo el chip marxista, en algunos casos recargado con leninismo y maoísmo. Apoyan todo brote de rebelión más allá de sus banderas, a fin de agudizar las contradicciones y sostienen la resistencia sin descartar ninguna forma de lucha, incluida, si se dan las condiciones y aunque no la expliciten, la vía armada. Así, lo que tenemos actualmente no es un enfrentamiento sólo entre liberalismo y socialismo, sino también entre dos izquierdas. Son dos visiones casi irreconciliables: la evaluación es vista por unos como un medio para mejorar la calidad de la educación y por otros como un instrumento para socavar derechos laborales y acrecentar la explotación. Por eso no parece haber más que una salida fácil, que es asumir que la CNTE puede incendiar el sureste y recurrir a la mexicanísima simulación elaborando una reglamentación ambigua y aplicando selectivamente la norma constitucional aprobada. La solución difícil sería pensar estratégicamente y, a cambio de sostener la reforma y en aras del reformismo futuro, agregar a la negociación medidas para elevar el nivel de vida de esos maestros, por cierto los más marginados.
Por lo pronto, si las autoridades dejan que el péndulo se vaya a uno de los extremos, cuidado. La negligencia incuba anarquía y la brutalidad suele conducir a la ingobernabilidad. Una represión podría hacer que la opinión pública perciba mañana como víctimas a los que hoy ve como victimarios y además, en el lenguaje de Marx, podría propiciar que muchos proletarios alienados adquirieran consciencia de clase. Si, por el contrario, el Gobierno federal y los estatales tejen con prudencia el equilibrio que se requiere para garantizar el orden sin abusos, pueden desactivar temporalmente la bomba y ganar tiempo. La clave es que no se comporten como gobernantes mancos -ni pura mano derecha ni pura mano izquierda- y que diriman el conflicto con sagacidad política y sensibilidad social.
Twitter: @abasave
