El presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), Sang-Hyun Song, afirmó hoy que el nacimiento de este tribunal hace ahora 15 años marcó el inicio de "la era del fin de la impunidad", pero afronta ahora una nueva etapa con la "universalización de la justicia" como reto fundamental.
"Con la firma del Estatuto de Roma en 1998, que sentó las bases para la creación de la CPI, se inició la era del fin de la impunidad por crímenes contra los derechos humanos", precisó Sang-Hyun en un acto conmemorativo celebrado hoy en Ginebra.
Señaló que ante los "crímenes atroces" contra la humanidad que se están cometiendo en la actualidad, lo "más urgente" es universalizar los principios del Estatuto de Roma, ratificado ya por 122 países, entre los que destacan todos los latinoamericanos y prácticamente el conjunto de Europa.
Estados Unidos, Israel y Rusia firmaron en su día el estatuto pero no lo han ratificado, mientras que otras potencias emergentes como China y la India ni siquiera son signatarias.
A pesar de estas ausencias, Sang-Hyun valoró los esfuerzos de países como Indonesia, Malasia, Ucrania, Tailandia o Jamaica por unirse a la CPI en un momento "crítico", ya que Kenia anunció la semana pasada su intención de abandonar esta corte, que investiga al presidente y vicepresidente del país por crímenes contra la humanidad en las elecciones de 2007.
Además de Kenia, el tribunal investiga otros casos de violencia en Uganda, República Democrática de Congo, República Central Africana, Darfur (Sudán), Libia, Costa de Marfil y Malí.
"El tribunal tiene ahora más trabajo que nunca", subrayó Sang-Hyun.
Al acto conmemorativo también asistió la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, quien resaltó la necesidad de que los países complementen sus legislaciones nacionales con los estándares del derecho internacional acordados en Roma hace 15 años.
Para Pillay, uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la justicia universal es la ausencia de "un compromiso político claro" para que se investiguen y se asuman responsabilidades por crímenes contra los derechos humanos, así como la falta de recursos técnicos para procesar estos crímenes.
"La experiencia nos dice que las iniciativas de justicia que se han dado en países después de un conflicto generalmente se desarrollan en un entorno fuertemente polarizado y politizado", denunció.
También alertó sobre dos "importantes amenazas" para la justicia internacional: la inadecuada o a veces inexistente protección de testigos y víctimas de crímenes de guerra o contra la humanidad, y la persistencia de la pena de muerte en numerosas legislaciones nacionales.
