El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) asesora a unas 30 mujeres en procesos judiciales derivados de diversas causas, entre ellas presuntas interrupciones ilegales del embarazo, y no descarta la posibilidad de acompañar el caso de Irma López Aurelio.
López Aurelio es una mujer indígena de Oaxaca que el pasado 2 del presente mes tuvo que dar a luz en el jardín de un Centro de Salud del municipio Jalapa de Díaz, al no haber recibido atención médica oportuna.
En el marco del III Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos, realizado en este municipio, la directora del GIRE, Regina Tamés, indicó que la discriminación, violencia obstrética y otras dificultades para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos reproductivos, son todavía un reto a vencer.
En entrevista expresó que los obstáculos para acceder a las causales de violación para que se pueda interrumpir legalmente el embarazo es una muestra de discriminación, pues de 2007 a 2012 sólo se han dado 39 autorizaciones para ejercer ese derecho, cuando "todos sabemos que los abusos y violaciones sexuales van en aumento".
"Lo que vemos es que sigue permeando el estigma sobre el aborto, y las autoridades aunque tengan el respaldo de la ley, siguen haciendo lo que consideran de acuerdo con su ideología. Nosotras consideramos que el Ministerio Público no debe estar involucrado en estos casos”, índicó.
Consideró que ello debería ser como en Brasil, en donde las mujeres embarazadas producto de una violación se presentan, firman una responsiva y se les practica la interrupción del embarazo, o como en Colombia en donde van y denuncian ante el Ministerio Público, pero no tienen que esperar autorización, se confía en su palabra.
En su opinión, México está lejos de garantizar el aborto a las mujeres encintas por violación y también de garantizar sus derechos reproductivos, pues no todas tienen acceso a programas de planificación familiar o de reproducción asistida, entre otros.
