La falta de capacidad y/o voluntad de los gobiernos locales para hacer frente a los problemas que golpean a la sociedad ha llevado a una parte de ésta a plantear una salida contraria a los preceptos republicanos, democráticos y federalistas plasmados en la constitución mexicana de 1917. La gran panacea para ese grupo de políticos, analistas y ciudadanos es el centralismo. Es decir, la vuelta a los tiempos en los que casi todo era controlado desde la capital de la República.
Las policías municipales fueron penetradas y rebasadas por la delincuencia, entonces se propone un mando único. La rendición de cuentas de la presidencia municipal ante el Cabildo es una broma, entonces se sugiere quitar a los ediles la facultad de aprobar los estados financieros. Partidos opositores, organizaciones civiles y un sector de la ciudadanía desconfían de los institutos electorales estatales, entonces se plantea desaparecerlos y crear un sistema nacional electoral. Así, en muchos temas, en lugar de fortalecer las instituciones del nivel más básico de gobierno, crear los contrapesos y afianzar mecanismos para la rendición de cuentas y la participación ciudadana, lo que se pone sobre la mesa es la concentración de la toma de decisiones en capitales estatales y el Distrito Federal.
En el reciente recorrido que hice por los Estados Unidos, como parte del Programa para Periodistas Edward R. Murrow, tuve la oportunidad de conocer de cerca el modelo político estadounidense. Respecto al mismo, los participantes en el programa pudimos contrastar puntos de vista. Destaco en este momento dos. Akram Elias, presidente de la firma Capital Communications Group, que ofrece servicios en diplomacia pública, comunicación intercultural y redes para negocios internacionales, define a la política norteamericana como un entramado de coaliciones entre individuos y organizaciones con fines muy específicos que ejercen presión sobre los candidatos y gobernantes. De esta forma, la política se origina en la sociedad civil y en el ámbito de las ciudades. El poder y el control no se ejerce de forma vertical, desde Washington, DC hasta cada uno de los estados y de ahí a las ciudades, sino al revés. Es por eso que la decisiones que se toman en los concejos de las ciudades y los congresos estatales tienen un mayor peso para la vida de los norteamericanos que las decisiones que se toman en la Casa Blanca, la cual se encarga primordialmente de la política exterior, defensa nacional y comercio interestatal e internacional.
Una postura menos positiva es la que tiene el profesor en Ciencia Política de la Universidad de Oklahoma, Keith Gaddie, quien advierte una disminución del interés del estadounidense promedio en la política en las ciudades y los estados. La pregunta surge en automático: si la población de Estados Unidos se interesa cada vez menos en política ¿quiénes son los que controlan la toma de decisiones en la ciudades, los estados y el congreso? Según Gaddie, los grupos de poder económico y político apoyados por el electorado activo, cada vez más acotado, en las ciudades. Bajo este esquema, no es el ciudadano común el que tiene el control sobre sus gobiernos, sino los poderes fácticos locales. Y este es uno de los principales desafíos de la democracia norteamericana actual.
La experiencia de la democracia de Estados Unidos, con sus vicios y virtudes, representa un elemento de análisis y contraste sobre lo que ocurre en México. Aunque, debido a nuestras distintas tradiciones y realidades, resulta imposible adoptar el modelo de nuestro vecino del norte, pero es posible aprender de él para plantear nuestras propias soluciones. Pongo el acento en la construcción de un esquema en el que los ayuntamientos, en su calidad de poder político más cercano a la gente y de célula de la república federal, tengan la capacidad de resolver la mayor cantidad de problemas que afectan a los habitantes de las ciudades. Para ello habría que, primero, replantear el modelo de representación para ampliar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones; segundo, fortalecer la rendición de cuentas, para garantizar el buen ejercicio de los recursos públicos y, tercero, ajustar el esquema recaudatorio para que la mayoría de los impuestos que generan los municipios se queden ahí y los gobiernos locales puedan tener la capacidad de hacer frente a sus problemas.
Por supuesto que existe el riesgo de que los grupos de poder locales ejerzan, como ocurre ahora en Estados Unidos, una influencia determinante y terminen por convertir en oligarquía el proyecto democrático, como ocurre ahora a nivel nacional en México. Pero, como lo advierten los clásicos, la única salida a los problemas de la democracia es más democracia, es decir, ciudadanos más críticos y participativos en todos los estratos socioeconómicos de las ciudades.
En este sentido, vemos que Torreón, corazón de la Comarca Lagunera, padece los perjuicios de ese modelo político atrofiado. Pese a su importancia económica y geográfica, el gobierno del estado privilegia a la capital en recursos y obras. El ayuntamiento no representa más que los intereses de los partidos que tienen espacios en él, con una mayoría automática para el alcalde que le permite hacer y deshacer a discreción. Tanto el gobierno local como el estatal carecen de contrapesos y de un sistema de rendición de cuentas. Los recursos que recauda la ciudad son insuficientes y depende de manera excesiva de las participaciones que se deciden en Saltillo y en la Ciudad de México. En temas como seguridad, educación, salud, obra pública y servicios, la opinión de la ciudadanía de Torreón no tiene peso específico; son los funcionarios de gabinete de los tres niveles de gobierno quienes dicen qué se hace y qué no.
En este contexto, contrario a la corriente de opinión creciente en la actualidad, la propuesta de quitar a los municipios facultades para hacer frente a los desafíos de las ciudades, en vez de fortalecer la democracia, la socava; y en lugar de acercar los instrumentos para resolver los problemas, los aleja. ¿O acaso no ha sido la subordinación de los alcaldes de la región a los intereses de las capitales uno de los principales obstáculos para sacar del bache a los municipios? La ecuación debe invertirse. Los gobiernos locales deben responder a la sociedad para la cual trabajan y de quien obtienen sus ingresos.
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