No hay duda de que el PRD sobrepasó los gastos de campaña: así lo demuestran los documentos que ellos mismos presentaron. De lo que tampoco hay duda es que el resto de los partidos también se sobregiró en los gastos de campaña. No es un tema de honestidad, es un tema de contadores. Mientras que los del PAN y PRI hicieron una buena chamba para esconderle al IFE los gastos "extra", los del PRD se hicieron bolas a la hora de repartirlos entre los partidos. Dice Andrés Manuel que van a pedir la renuncia de Alfredo Cristalinas, jefe de la Unidad de Fiscalización del IFE. Puede funcionar como acto distractor, pero al que tiene que correr primero es el grupo de contadores que llevaron su campaña.
¿Es injusto que el IFE multe a la campaña de Andrés Manuel y a los otros no? Si partimos de la sospecha de que todos los partidos rebasaron los topes en casi todas las campañas, podemos estar de acuerdo en que no es justo que sólo se multe a uno. Pero, finalmente, los partidos hicieron esas leyes a modo para poder violar los topes con cierto margen en el que todos, al menos los tres grandes, se sienten a gusto. Hay una fiscalización suficiente para que no se hagan grandes travesuras electorales, pero con manga ancha. Para los partidos pequeños o en las elecciones poco competidas incluso el tema es a la inversa: los candidatos gastan menos de lo que reportan y se queden con el dinero.
La fiscalización de las campañas no es un problema del IFE, o no sólo del IFE. Es una tema al que los partidos han rehuido irresponsablemente porque ellos son juez y parte. Los partidos, en acuerdos muchas veces poco claros y nada transparentes, hacen las leyes laxas para luego quejarse que la autoridad no mete en cintura al partido de enfrente: es una escena que repiten elección tras elección pero que cuando se plantean las reformas electorales olvidan por completo.
¿Qué pasaría si le quitamos la fiscalización al IFE, al menos en primera instancia y se la dejamos a al SAT para que no sólo se sancionen los delitos de carácter electoral, cuyos castigos deberían ser más severos, sino también los de carácter fiscal? ¿Cuántas facturas falsas, gastos sin comprobar, operaciones que pueden ser tipificadas como lavado o al menos de dinero se procedencia poco clara hay en cada campaña? El caso Monex, por poner un ejemplo, estuvo pensado para no cometer delitos electorales, pero de ahí a que sea claro y transparente el origen y aplicación de esos recursos hay un abismo.
El PRD tiene que cambiar de contadores, eso se resuelve fácil, y pagarla multa. Los ciudadanos necesitamos una forma distinta de fiscalizar a los partidos, que nos dé confianza y certeza en el uso del dinero que, no hay que olvidarlo, lo gastan los partidos, pero salen de nuestra bolsa.
