Basta leer la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Coahuila para entender los grandes obstáculos que enfrentan aquellos alcaldes decididos a modernizar el servicio de transporte público en sus ciudades. La legislación vigente parece diseñada para proteger los intereses de los actuales concesionarios, prácticamente obligando a los Ayuntamientos a negociar con ellos en condiciones de desventaja.
Vea usted. En Coahuila las concesiones no se otorgan por zona o por ruta, sino por vehículo, lo que garantiza que la industria se mantenga atomizada en cientos de manos. Cada concesión tiene una vigencia de 30 años, prorrogables las veces que sean necesarias, simplemente acreditando "haber cumplido las obligaciones que señala la Ley". Sus titulares pueden ser personas físicas o morales, con derecho a traspasar o vender su concesión a terceros. En caso de muerte del concesionario, la concesión pasa a sus herederos, y en caso de no tenerlos, se otorga automáticamente a la agrupación gremial del fallecido. En pocas palabras, las opciones disponibles a los alcaldes se reducen a plantear una reforma asequible a cientos de individuos que entienden su concesión como parte de su patrimonio familiar, o revocar las concesiones vigentes y afrontar una lluvia de amparos.
En todo caso, la Ley ata de manos a los Ayuntamientos dispuestos a inyectarle competencia al sector. Si bien la Ley establece que toda nueva concesión debe ser concursada públicamente, también señala que "se preferirá, en igualdad de circunstancias, a los ciudadanos originarios del Estado de Coahuila o las sociedades constituidas por éstos", y aclara que "ninguna concesión o permiso se otorgará si con ello se establece una competencia desleal en detrimento de los concesionarios o permisionarios ya existentes". Vaya cosa. El mismo Estado que promueve la participación de empresas españolas en la gestión de agua dificulta la participación de empresarios no coahuilenses en el transporte.
Curiosamente, muchos de los preceptos más proteccionistas de esta Ley fueron añadidos apenas en Septiembre de 2010. Supongo que estas reformas fueron una reacción ante las declaraciones públicas del alcalde de Saltillo, que prometía reformar el sistema "con o sin la participación de los señores transportistas". Gracias a esta Ley -y a la presión política del gremio-, los ánimos del alcalde tuvieron que suavizarse, hasta pactar "condiciones de ganar-ganar con los actuales concesionarios", según declaró un dirigente sindical.
El retraso a este proyecto, anunciado desde 2009, no responde tanto a complicaciones técnicas como a la tortuosa necesidad de satisfacer en cada punto a los transportistas. La decisión de licitar públicamente el sistema, acordada por el Cabildo en junio de 2011, fue archivada rápidamente. En lugar de eso, hubo que convencer a los transportistas de las bondades del proyecto, hasta lograr su anuencia en Marzo de 2012. ¿Qué fue exactamente lo que se acordó? ¿Qué cedió el municipio para garantizar la participación de los transportistas?
Estamos a días de que comience a operar el nuevo sistema de prepago y a un par de meses de que lleguen las nuevas unidades. Sin embargo, aún desconocemos las tripas del acuerdo con los transportistas. Aparentemente, la necesidad de renegociar todo obligó a las autoridades a privilegiar la opacidad.
El alcalde presentó las nuevas unidades, pero no sabemos si el Ayuntamiento tuvo que subsidiar la compra o garantizar los créditos. Nos dijo que habrá un Fideicomiso que administrará los pagos, pero no sabemos si el Municipio tendrá atribuciones para castigar o premiar financieramente el desempeño de los transportistas. Sabemos que se ha constituido una empresa formada por los antiguos concesionarios, pero no sabemos si las antiguas concesiones serán revocadas, o si sus términos sufrieron modificaciones.
¿Inicia una nueva concesión de 30 años para el Saltibús? ¿Podrán futuros Ayuntamientos otorgar concesiones a nuevos operadores o quedó legitimizado el monopolio que tienen los actuales transportistas sobre el sistema? ¿Seguirá negociándose políticamente la tarifa, o se acordó un mecanismo técnico para ajustarla? ¿Cómo serán distribuidos los ingresos, y cuánto quedará reservado para financiar la planeación y regulación del sistema?
Sospecho que el Ayuntamiento de Saltillo tuvo que ceder mucho, quizá de más. Y sospecho también que el resultado refleja el mejor acuerdo posible, dado que nuestros alcaldes son saboteados por quienes aprueban nuestras leyes. La experiencia del Saltibús deja una cosa en claro: La reforma al transporte público debería comenzar por una reforma a la ley.
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