Todos los que hemos sido víctimas buscamos sobrevivir a lo ocurrido. De los millones de víctimas que tenemos, muy pocas logran cerrar el círculo y encontrar justicia. La inmensa mayoría no encuentra, ni justicia, ni resarcimiento del daño, ni seguir con una vida digna.
La defensa de las víctimas es un trabajo que le cuesta reconocer a la autoridad porque en el fondo se sabe vulnerable ante su incapacidad de responder con justicia. Hoy la Ley General de Víctimas con sus imperfecciones, es una realidad.
La ley es fruto del trabajo de muchas organizaciones y el dolor de miles de familias. Esta semana Enrique Peña Nieto decidió honrar su palabra ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y la publicó.
Celebramos que este sea el inicio de la reconciliación entre las víctimas y el Estado demuestra que sí le son importantes.
Sin embargo, el evento y la publicación de la misma no son suficientes para cumplir el compromiso de EPN con las víctimas y con las organizaciones que la impulsamos como MUCD, SOS, Causa en Común y muchas otras que participaron en la Cumbre Ciudadana. Como lo dijo Sicilia, la ley no basta. Para ello es indispensable adecuar de forma integral el sistema de justicia y seguridad; y hacer una efectiva instrumentación que dé certeza de a qué ventanilla acercarse para ser atendido y para que al mismo tiempo, del lado institucional, sepan qué es lo que pueden y deben hacer, así como los montos de la subsidiaridad con la que se podrá obligar al Estado a manera de restitución del daño.
El período de 30 días para que entre en vigor deberá ser utilizado por los legisladores para hacer un decreto de modificaciones que haga que esta ley sea viable. Por lo pronto, que yo sepa, no existen partidas presupuestales para este año en el Presupuesto de Egresos que atienda los montos millonarios que se requieren para hacerla realidad.
Entre los puntos que se tendrán que revisar tenemos:
El alcance de víctima. La ley establece el carácter con la acreditación del daño sin importar si el origen o causa tenga que ver o no con una actuación u omisión de una autoridad. Por esto se debe hacer un catálogo de delitos: por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos creo que deberían estar en primer lugar.
Seguidas por delitos de alto impacto, para que entonces hablemos de un porcentaje admisible de delitos donde sí pudiera ser factible la reparación del daño mediante la escala tope de 500 veces el salario mínimo mensual que se establece.
De no tener este catálogo el proceso será subjetivo, se pulverizarán los recursos e incluso puede prestarse a todo tipo de corrupción.
El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral debe disponer de controles, forma de alimentarlo y auditarlo. No olvidemos que este fondo se nutre también de quienes pagamos impuestos y no vemos en la ley un castigo para los malos funcionarios que generan o revictimizan a las víctimas.
Definición de atribuciones. La Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Atención a Víctimas no puede estar por encima de las atribuciones constitucionales establecidas a los tres órdenes de gobierno. Por lo cual no podrá dictar lineamientos obligatorios que suplan a otra autoridad. La condición vulnerable no puede ni debe suponer tal aspiración.
La ley tampoco reconoce a las instituciones que ya existen, como es el caso de Províctima, y en caso de no hacerlo se provocará una colisión institucional por falta de coordinación. Debe haber una integralidad en la atención, que no está reconocida en la ley.
Asesoría jurídica. Es necesario armonizar el cuerpo de abogados y asesores que la ley contempla para la atención de las víctimas con las áreas de defensoría que ya existen.
Esperamos que esto no quede como un gran terrón de azúcar de inicio de sexenio, que después se convierta en un limón en la herida de miles de víctimas. Para que miles de víctimas pasen a ser sobrevivientes se necesita que el equipo de EPN trabaje al ritmo de los discursos de su jefe, que los legisladores hagan las modificaciones necesarias, que se instrumente el Nuevo Sistema de Justicia Acusatorio en todos los estados y que la sociedad civil organizada y los medios de comunicación seamos un vinculo de apoyo y exigencia.
