Si bien el presidente Enrique Peña Nieto señaló en una entrevista el 23 de mayo en Cali, Colombia, que se opone a la legalización de las drogas, añadió que está dispuesto a abrir un debate. Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, fue incluso más contundente este 24 de mayo: "Ya no podemos estar retrayéndolo, ocultándolo: tenemos que abrir el debate".
El debate es, efectivamente, inaplazable, pero no se trata de ver quién gana un concurso de popularidad. Las encuestas señalan que la mayoría de los mexicanos se opone a la legalización. Si bien en Estados Unidos ya la mitad de la población está a favor de permitir el consumo de marihuana (Gallup Politics), una encuesta de Parametría de agosto de 2013 apunta que el 79 por ciento de los mexicanos está en contra.
Los mismos gobernantes que tuvieron bajo su mando en México o América Latina la guerra contra las drogas, como Ernesto Zedillo, Vicente Fox, César Gaviria y Fernando Henrique Cardoso, se retractan hoy, cuando menos parcialmente, del prohibicionismo. No se requiere mucha inteligencia para entender que la guerra contra las drogas, como la prohibición del alcohol en los Estados Unidos de la década de 1920, ha tenido peores consecuencias que el consumo.
El propio Felipe Calderón, quien buscó distinguirse como el más firme comandante en la guerra contra las drogas, terminó por aceptar que si los países desarrollados no pueden disminuir el consumo, "entonces tienen la obligación moral de explorar todas las alternativas… incluyendo… las acciones regulatorias o de mercado". Calderón solicitó formalmente a las Naciones Unidas el 26 de septiembre de 2012 hacer "una valoración profunda de los alcances y de los límites del actual enfoque prohibicionista en materia de drogas".
La desinformación genera buena parte del rechazo a la legalización. Mucha gente está convencida de que la apertura traería consigo un aumento extraordinario en el consumo. Sin embargo, las naciones que han adoptado legalizaciones parciales, como los Países Bajos y Portugal, no han sufrido tal fenómeno. En el estudio de Parametría en México, el 90 por ciento de los encuestados señala que no consumiría marihuana por el simple hecho de que fuera legal.
Otra parte del rechazo proviene de una perversa alianza entre narcotraficantes, policías y gobernantes por razones de dinero. Solamente el gobierno de Estados Unidos ha gastado 1.5 billones de dólares en la guerra contra las drogas desde que Richard Nixon la declaró en 1971 (Matt Groff, The 1315 Project; www.theatlanticwire.com). Los índices de consumo, sin embargo, se han mantenido estables. El gobierno de México ha multiplicado también en los últimos años su gasto en la lucha contra el narco, pero ni el consumo ni el flujo de drogas han bajado. Sí se han incrementado, en cambio, los homicidios dolosos. Los narcotraficantes se oponen a la legalización, porque ésta provocaría un desplome en sus ganancias, pero también se oponen policías, funcionarios y militares que reciben carretadas de dinero público para enfrentar el narco.
Los argumentos sobre la legalización, sin embargo, deben ser éticos antes que sólo pragmáticos. Ninguna autoridad tiene derecho a prohibir a un individuo que utilice una sustancia que sólo a él puede hacerle daño. Encarcelar o matar a alguien "por su propio bien" es la peor falta moral en que puede incurrir un Estado. Un gobierno no debe prohibir el consumo voluntario ni de las drogas ni del alcohol sin violar la libertad fundamental de las personas.
ARNOLDO
Arnoldo Martínez Verdugo fue un personaje crucial de nuestra historia. Durante su largo mandato como secretario general del Partido Comunista Mexicano rechazó valientemente el estalinismo y abrió las puertas a la democratización que dio lugar al PRD. Supo y quiso dialogar cuando muchos en la izquierda preferían el camino de la intolerancia.
Twitter: @sergiosarmient4
