En evidente agravio al Ejército mexicano, el general Tomás Ángeles Dauahare fue detenido junto con otros militares por órdenes de quien fue secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; se les presentó ante la entonces titular de la PGR, Marisela Morales, quien recurrió a testigos protegidos para fincar ilícitos falsos.
La procuradora Morales informó a la opinión pública que Ángeles Dauahare y los también generales Ricardo Escorcia y Roberto Dawe ofrecían información al cártel de los Beltrán Leyva y mantenían nexos con ellos.
Por el nivel de los militares y la contundencia de las acusaciones, los medios informativos creyeron las versiones de Morales. Era difícil suponer que una mujer procuradora, con ese rostro santurrón y voz apenas imperceptible, fuese capaz de expresar tantas mentiras y encarcelar a inocentes.
Pues mintió Morales, sin titubear. Obvio, recibió órdenes del único que podía dárselas, quien la colocó en ese puesto, el entonces presidente Felipe Calderón. Ni averiguó si los militares puestos a su disposición eran en realidad responsables de delitos. La procuradora se valió de un "testigo protegido", el ex agente de la Agencia Federal de Investigación (AFI) Roberto López Nájera "El 19", a quien le fue impuesto el mote de "Jennifer". Este individuo difamó a los militares. Su versión fue la misma en cada caso; una recitación: que recibieron dinero del cártel de los Beltrán Leyva a cambio de protección y de informes sobre los operativos de las Fuerzas Armadas.
Eso fue suficiente para la señora Morales y procedió a ejercer las consignaciones. Como es costumbre en la justicia podrida de este país, el juez federal Raúl Valero dictó a los generales la formal prisión "porque existen indicios suficientes sobre su culpabilidad".
El nuevo procurador, Jesús Murillo Karam, comprobó que las acusaciones contra los militares son una farsa monumental y procedió a desistirse de la cadena de delitos maquinados.
Al parecer, Murillo investiga a la ex procuradora Morales, al tal "Jennifer", al juez Raúl Valero y a cuantos participaron en los infames encarcelamientos. Esto le debe llegar al general Galván Galván y al estudiante de Harvard Felipe Calderón. ¿O ha de ser ignorada tan enorme mancha sobre el Ejército?
La "Operación Limpieza" fue otra falsedad. La PGR encarceló a varios funcionarios, entre ellos el ex jefe de la Siedo, Noé Ramírez Mandujano, quien estuvo cuatro años en presidio y, según afirma, fue víctima de otra maquinación, al ser también señalado por "Jennifer".
Y no será olvidado el famoso "michoacanazo", mediante el cual fueron consignados 36 alcaldes y funcionarios en el 2009. Fue con el sello de Calderón, a fin de abrir paso a su hermana, quien fracasó como aspirante a gobernadora. A la fecha, todo esto continúa sin castigo.
LA IMPUNIDAD PREVALECE. La república contempla cómo los sedicentes maestros de Guerrero bloquean vías de comunicación -han cerrado en por lo menos seis veces la autopista a Acapulco- destruyeron puertas y ventanas del Congreso de ese estado y secuestraron a diputados locales. Saben que hay órdenes de aprehensión contra los responsables, pero no son ejecutadas.
En la misma entidad se pasean, ante contingentes del Ejército, cerca de dos mil "policías" comunitarios y presumen sus armas. Se dicen dispuestos a iniciar una guerra al lado de los maestros.
En Michoacán crecen los disturbios en varias comunidades y los asesinatos derivados de cobros por "derechos de piso". Los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana son dueños de ese estado.
VEINTE PELAFUSTANES encapuchados, de la peor ralea, destruyeron cristales y puertas para posicionarse de la Rectoría de la UNAM. Exigen el reingreso de cinco inútiles expulsados y que no haya represalias contra ellos. ¿Es el país que queremos, a la deriva?
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