Las declaraciones vertidas por el alcalde Eduardo Olmos Castro, en una entrevista publicada en la edición de El Siglo de Torreón del domingo pasado, requieren reflexión y análisis.
Al fin de su aciaga administración y en contraste con la opacidad que caracterizó a su gestión, Olmos hace revelaciones mórbidas y tardías sobre la inseguridad que priva en nuestra ciudad.
La entrevista que comento revela que como alcalde electo, antes de entrar en funciones: "... a sus oficinas particulares llegó un emisario del crimen organizado. La petición: No mover a nadie de los mandos medios de la policía".
Olmos dice al respecto: "En el primer diagnóstico nos dimos cuenta que el cien por ciento de la policía estaba vinculada a la delincuencia organizada, en ese momento eran 900 policías... A los tres meses de entrar en funciones tuvimos nuestro primer paro policiaco, en contra de los mandos militares que estábamos invitando... Una comisión de diez policías se formó para entrar a negociar... la petición era muy simple: El alcalde destituía a Bibiano Villa (el entonces jefe de la policía), o dejaba que los propios agentes designaran a los escoltas del general... la intención era matarlo...".
El entrevistado se duele de que recibió veintitrés amenazas de muerte y asegura: "En conjunto con el Gobierno del Estado cuyo titular era entonces Humberto Moreira, se tomó la decisión de liquidar (pagar una indemnización laboral) a los (900) policías, a pesar de tener la opción de no hacerlo...".
La conclusión a la que llegó Olmos no resulta de un diagnóstico sino de un prejuicio dogmático. El asumir que todos los policías eran Zetas y pagarles para que se fueran, tendió una cortina de humo que evitó la denuncia y la posibilidad de investigar, con lo que salen sobrando el alcalde, el gobernador, el procurador de justicia y el resto de las instituciones.
La actitud del alcalde, del ex gobernador Humberto Moreira y demás funcionarios que omitieron abrir una investigación a partir de la tropa y los mandos medios de la policía, para descubrir a los verdaderos responsables de la venta de la plaza, configura los delitos de incumplimiento de funciones y encubrimiento previstos por los artículos 213 y 253 del Código Penal de Coahuila y raya en la complicidad.
Los lloriqueos de Olmos no aportan nada, y en cambio demuestran la falta de una postura institucional ante el problema. Olmos aprovecha el miedo que afecta a los torreonenses para dar lástima, lo que es una falta de respeto a las verdaderas víctimas de la violencia y sus familias, quienes soportan las pérdidas que son fruto de los delitos que hasta el día de hoy azotan a nuestra ciudad.
La estrategia mediática de Olmos pretende justificar el desastre que deja tras de sí su desgobierno. Lo anterior queda de manifiesto al asegurar el propio entrevistado, que la tarea y el costo de liquidar la relación de trabajo con los novecientos policías presuntos delincuentes, le impidió hacer las inversiones necesarias para ofrecer a los torreonenses servicios públicos de calidad.
Suponiendo que pasemos por alto la ilegalidad de una liquidación laboral pagada en aquellas condiciones, y la ilicitud de pactar de esa o de cualquiera otra forma con el crimen organizado, el alcalde no aporta cifras que justifiquen que tal haya sido la causa del colapso de los servicios públicos y del desastre financiero que deja a su paso.
La entrevista es un insulto a la inteligencia del público y un escándalo cuya gravedad pasa inadvertida para muchos lectores, que agobiados por el desastre humano e institucional en que se encuentra nuestra ciudad, han perdido su capacidad de asombro.
Las declaraciones de Olmos confirman la condición de rehén en que se encuentra nuestra ciudad y exigen la intervención del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y del procurador Homero Ramos Gloria al respecto, porque entrañan una confesión expresa en el sentido de haber incurrido el propio alcalde y demás funcionarios que menciona, en un encubrimiento criminal asumido a conciencia.
