Finalmente llegó a su fin, más de un año después de la elección presidencial y después de 3 intentos fallidos de votarlo en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, la fiscalización de los ingresos y egresos que los partidos políticos utilizaron en las campañas electorales del 2012 y, a pesar de las multas por 341.8 millones de pesos a los 7 partidos por diversas irregularidades, es una realidad que candidatos y fuerzas políticas gastan mucho más de lo que la autoridad electoral revisa.
En términos generales puede decirse que candidatos, partidos y coaliciones se limitan a presentar informes sobre los recursos públicos que reciben a través del IFE, pero ignoran todos los donativos (en efectivo o especie) que reciben de particulares, que son indispensables para sostener las costosas campañas políticas que realizan y nada tienen que ver con lo que reportan.
De acuerdo a los resultados del dictamen de fiscalización presentado por la Unidad de Fiscalización del IFE (desde 2008 con facultades ampliadas para conocer información protegida por los secretos financiero y fiscal, entre otros, y con autoridad para requerir a particulares, lo que le otorgó los elementos indispensables para dejar de depender de la buena fe de los partidos) y aprobado por el Consejo General del IFE en todas las campañas electorales se gastaron 2 mil 572 millones de pesos, de los cuales los partidos que conformaron la coalición Compromiso por México (PRI y PVEM), gastaron el 44%, es decir, 1,131 millones; le siguieron los candidatos de la coalición Movimiento Progresista, con 694 millones, es decir, apenas el 63% de la otra coalición; en tercer lugar el PAN, con 536 millones, menos de la mitad de la que más gastó; Nueva Alianza gastó 210 millones, es decir, casi la sexta parte.
A pesar de estas diferencias en el gasto reportado e identificado (el IFE tuvo que agregar 184 millones de pesos de gastos no reportados de los partidos, de los cuales 136 fueron del PRI y el PVEM, integrantes de la coalición que más gasto) la única campaña presidencial que rebasó los topes de gastos de campaña (según el dictamen del IFE) fue la de Andrés Manuel López Obrador, a la que le atribuyeron 382.3 millones de pesos, es decir, 46.3 millones más que el tope de gastos de 336 millones; de acuerdo al mismo, Enrique Peña Nieto, gastó 328.6 millones, aunque 181 candidatos a senadores y diputados de la coalición y partidos que lo postularon sí rebasaron sus respectivos topes.
Así, de acuerdo al IFE el actual presidente gastó en su campaña 53.7 millones menos que AMLO, lo cual evidentemente no resulta congruente con lo que sucedió en los 90 días (que fue oficialmente lo que reportaron) en que buscaron el voto de la ciudadanía.
La realidad es que lo que revisa y, en su caso, sanciona el IFE no tiene nada que ver con la realidad, pero además hay varias deficiencias que ahora se hicieron más evidentes: primero, una que tiene que ver con una disposición del reglamento de fiscalización, que viene desde la segunda mitad de los noventas, que es el llamado criterio de prorrateo, es decir, en un máximo del 50% de los gastos centralizados, permitir que los partidos políticos asignen los porcentajes en que cada campaña los asumirá, lo cual permitió que la coalición Compromiso por México, asignara 1% a EPN y Movimiento Progresista, el 34% a AMLO.
Segundo, la aplicación de la norma que hizo la autoridad electoral, en este caso la Unidad de Fiscalización, que impactó directamente a favor de EPN: primero, no investigó ni suficiente ni eficazmente los indicios de gastos no reportados por la coalición Compromiso por México (Monexgate y tarjetas Soriana, entre los más importantes); segundo, la ilegalidad de que los partidos que integraban la coalición ganadora prorratearan el gasto entre los candidatos de la coalición y los candidatos de sus propios partidos (PRI y PVEM, como fueron en coalición parcial, también tuvieron candidatos propios a senadores y diputados, en diversos distritos y entidades) lo que provocó que la distribución fuese entre 510 candidatos contra los 365 (300 candidatos a diputados de mayoría relativa, 64 candidatos a senadores de mayoría y un candidato presidencial) del resto de las fuerzas políticas; y, tercero, el aplicar el prorrateo incluso en los gastos no reportados que agregó la autoridad y que por lógica los partidos pretendían esconder y la autoridad debía aplicar directamente a la campaña en que se habían detectado, en este caso la presidencial.
Y, tercero, el diseño institucional emanado de la reforma de 2007-2008, que limita claramente la intervención de los consejeros y deja la responsabilidad en el titular de la Unidad de Fiscalización, que como señalaron los representantes de los partidos afectados, también cuidó de no lastimar al actual presidente de la República Enrique Peña Nieto.
Lo cierto es que lo que sanciona el dictamen del IFE no corresponde con la realidad, porque a las 3 deficiencias ya señaladas hay que agregarle las habilidades contables de los responsables de las finanzas de los partidos políticos, que también tienen una parte muy importante en la elaboración de los informes de ingresos y egresos de los recursos de las campañas.
La deficiente fiscalización tiene dos impactos devastadores para la democracia: en la equidad de la contienda y en la credibilidad y confianza en las autoridades electorales. Ambas van a la baja.
