Arizona argumentó hoy ante una Corte Federal que no existe una base legal que obligue a esa entidad a emitir licencias de conducir a jóvenes inmigrantes indocumentados que han calificado para el programa de acción diferida del presidente Barack Obama.
Douglas Northup, abogado representante del estado y del Departamento de Transportación de Arizona, presentó los argumentos para defender ante la corte la orden ejecutiva de la gobernadora de Arizona, Jean Brewer, de negar licencias de conducir a jóvenes indocumentados aprobados bajo el programa de acción diferida.
En noviembre pasado, grupos defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes, interpusieron una demanda de acción de clase, para frenar la orden ejecutiva de la gobernadora relacionada con las licencias de conducir.
La demanda pretende que se suspenda o deseche la orden emitida por Brewer, luego de que el gobierno federal implementara el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA, por sus siglas en inglés.
El programa permite a algunos jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a este país siendo niños, el poder vivir y trabajar en Estados Unidos por un período renovable de dos años.
Northup dijo que quienes interpusieron la demanda contra la orden ejecutiva, basan sus argumentos en la idea de que la imposibilidad de los inmigrantes a obtener una licencia de conducir, les impide también la capacidad de trabajar y de funcionar con participación plena de la sociedad.
Northup otorgó a la corte documentos en los que sostiene que “los demandantes actualmente van a trabajar, asisten a la escuela y viven sus vidas cotidianas sin licencia de conducir y sin impedimento grave”.
Northup dijo al juez federal, David Campbell, que no hay razón para creer que algo vaya a cambiar si el magistrado frena la orden ejecutiva de Brewer.
En la demanda en la que se pide al juez frenar la orden ejecutiva, se argumenta que la medida viola la cláusula de Arizona de la supremacía de la Constitución de Estados Unidos, al interferir con la ley federal de inmigración.
La demanda sostiene también que se viola la cláusula de igual protección de la enmienda 14, al discriminar a ciertos inmigrantes.
La División de Vehículos de Motor de Arizona implementó la orden de Brewer el 18 de septiembre pasado.
El juez Campbell programó una audiencia para finales de este mes, para decidir si debe frenar la orden ejecutiva de Brewer y exigir al estado que comience a emitir licencias a los 80 mil jóvenes que pueden ser beneficiados en Arizona con el programa de acción diferida.
Arizona promulgó en 1996 una ley estatal que establece que aquellos que buscan una licencia de conducir en el estado, deben mostrar que su presencia está “autorizada bajo la ley federal”.
Bajo el programa de acción diferida, el gobierno federal no va a deportar a los que llegaron antes de cumplir los 18 años, y que aún no son mayores de 30.
El programa de acción diferida es válido por dos años y pudiera ser renovable indefinidamente. El programa también otorga permisos de trabajo a quienes califiquen.
La gobernadora Brewer ha señalado que el programa de acción diferida, no autoriza a nadie a estar en Estados Unidos, sino que simplemente dice que no será deportado, al menos por el momento.
