El corte del servicio de Internet dejó de ser una de las sanciones por bajarse ilegalmente de la red ficheros sujetos a derechos de autor, en virtud de una reforma del Gobierno publicada en el Diario Oficial.
Se trata de suprimir una de las medidas más impopulares del dispositivo creado con la Alta Autoridad de Difusión de Obras y Protección de Derechos en Internet, en línea con lo que había propuesto un experto nombrado por el actual Ejecutivo de izquierdas. La suspensión administrativa de internet era la última penalización dentro del esquema de "respuesta graduada" prevista por Hadopi, organismo constituido en 2009 por la anterior mayoría conservadora, para combatir las descargas ilegales.
