A pesar de que poco se habla de ello es una realidad que los linchamientos de presuntos delincuentes continúan en diversos rumbos del país, por supuesto que dichas acciones (en muchos casos reacciones espontáneas de los ciudadanos ante la incapacidad de las autoridades para detener la creciente inseguridad) violentan el estado de derecho y son ilegales; pero sobre todo evidencian la impotencia de la población ante la inacción de las autoridades y las atrocidades y abusos de los delincuentes.
Los linchamientos son acciones suscitadas en el momento de la comisión del delito y una reacción a la acción inicial de la delincuencia, más allá de que las mismas sean espontáneas, es decir, una respuesta surgida en ese mismo instante; o, producto de una acción previamente concertada para evitar ser víctimas de la delincuencia.
Esta segunda acción es algo similar a lo que sucede con los guardias que integran los cuerpos de seguridad de quienes tienen la posibilidad de pagar protección, que si bien cuentan con registro y permiso de portar armas y, en ocasiones, hasta pasar las pruebas de control de confianza, en realidad es una respuesta particular a la incapacidad de las autoridades de garantizar la seguridad de toda la población. Ellos al igual que los pobladores que actúan en los linchamientos, únicamente reaccionan ante las acometidas de los delincuentes.
Y los permisos que otorgan las autoridades, en realidad son una aceptación de incapacidad. Por otra parte, aunque los eventuales excesos de los guardias no son tan públicos ni grotescos como los de los linchamientos ciudadanos, seguramente hay muchos casos en los que la violencia es desproporcionada y también hay muchas pérdidas de vidas humanas por estas razones.
Pero más grave todavía es que los pobladores de una determinada comunidad, municipio, región o estado se organicen para integrar lo que llaman "grupos de autodefensa armada", que van en busca de los delincuentes independientemente de los ataquen o no. Y eso es precisamente lo que sucedió en la costa chica de Guerrero, donde Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), se alzó en armas el pasado 5 de enero, cansados de la incapacidad de las autoridades.
Los grupos de ciudadanos encapuchados y armados desplazaron a las autoridades de las tres instancias de gobierno (municipal, estatal y federal) y tomaron la justicia en sus manos. No esperaron a que los delincuentes los atacaran, tampoco los lincharon, ni siquiera los lastimaron, pero sí los privaron de su libertad y pretenden someterlos a juicio. Los ciudadanos salieron a perseguirlos y capturaron a 54 presuntos delincuentes, que encerraron en una casa de justicia.
Evidenciando su desfachatez el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, agradeció a estos grupos el coadyuvar con las autoridades para restablecer la seguridad en el Estado, sin mostrar que comprendía la gravedad de la situación. Tolerar la creación de estos grupos de autodefensa es aceptar la ausencia del Estado, que precisamente detenta el monopolio de la acción de la fuerza pública; es abrir la puerta a la ley de la selva, en la que imperará la ley del más fuerte.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos inició de inmediato una investigación para determinar el grado de responsabilidad de las autoridades en el surgimiento de estos grupos y eso obligó a las autoridades estatales a intentar desactivarlos. El secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, fue el encargo de sentarse a dialogar con los dirigentes de la UPOEG y finalmente el viernes en la noche logró que le entregaran a 8 de los 54 presuntos delincuentes detenidos.
Los integrantes de los grupos de autodefensa afirman que únicamente entregarán a quienes ellos consideran que son los delincuentes más peligrosos. Es casi una prueba, te entregamos una primera remesa, para ver qué haces con ellos y en función de ello decidimos que hacemos con el resto. La autoridad totalmente sometida a la voluntad de los grupos de autodefensa.
Para enrarecer todavía más el ambiente, justo cuando los pobladores se levantan en armas, se conoce la violación de 6 turistas españolas en Acapulco; pero peor todavía, el condenable acontecimiento desenmascara que este tipo de hechos ya habían ocurrido anteriormente en la zona, pero las autoridades habían ignorado las denuncias. Así no únicamente en la costa chica, en lugares relativamente alejados de los reflectores públicos, la autoridad es displicente, incapaz o cómplice, también lo es en uno de los principales destinos turísticos internacionales y, por lo tanto, en la mira no únicamente de los medios nacionales, sino internacionales.
Pero el problema no es únicamente en Guerrero, pues también en el norte del país hay hechos que cimbran a la población, a la larga cadena de ejecuciones cometidas en los últimos días en La Laguna, ahora hay que sumar el secuestro de 5 empleados del diario regional El Siglo de Torreón. Otro atentando más a la libertad de expresión, por supuesto los delincuentes quieren también controlar qué se difunde y qué no, para ellos es vital tener esos controles.
Las evidencias de que hay amplias zonas del territorio nacional bajo el control de grupos ajenos al Estado Mexicano, son múltiples y variadas. En algunas partes es la delincuencia organizada la que tiene el control absoluto y las fuerzas gubernamentales no pueden ingresar; en otras es la propia ciudadanía la que lo tomó y también condiciona y limita la acción de las fuerzas públicas; y, en otras más, aunque formalmente son las autoridades las que tienen el control y se pasean a placer, en realidad son los delincuentes los que imponen su ley. Justo lo que se llama un estado fallido.