Denuncias. El líder de la bancada del PAN en una fotografía saludando a Peña Nieto.
La bancada del PAN en el Senado propuso una reforma constitucional para castigar con sanciones administrativas, juicio político y hasta cárcel a gobernadores y alcaldes que incurran en manejos ilegales relacionados con el endeudamiento.
Ernesto Cordero, coordinador de los senadores panistas y firmante de la iniciativa, denunció que la deuda de los Gobiernos locales representa un riesgo para la estabilidad económica del país, un espacio de opacidad, producto de un modelo deficiente, supeditado al abuso de poder.
"Es ponerle una camisa de fuerza a los estados irresponsables. Vamos a prohibir la discrecionalidad y a castigar la irresponsabilidad", aseguró Ernesto Cordero, coordinador de los senadores panistas y firmante de la iniciativa.
El proyecto otorga nuevas facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que, en el marco de la revisión de las cuentas públicas, fiscalice el uso de los recursos provenientes de los créditos y determine responsabilidades en caso de que se registren malos manejos.
"Que la ASF realice el ejercicio de fiscalización correspondiente y, en su caso, finque las responsabilidades a las que haya lugar", se indica en el documento presentado ante el Senado.
"Se faculta a la Cámara de Diputados para que, en caso de que en el examen de la cuenta pública se detecten irregularidades en el destino y refinanciamiento contratados, pueda determinar responsabilidades de acuerdo con la ley".
El PAN asegura que la reforma pretende reforzar las sanciones a las que serán sometidas los funcionarios públicos que actúen indebidamente.
Proponen que gobernadores, presidentes municipales, diputados, magistrados y hasta consejeros de la Judicatura locales sean sujetos de juicio político, en caso de que se compruebe el manejo legal de las deudas.
"Serán responsables, además de las violaciones a la Constitución, del manejo indebido de recursos locales, federales y de deuda pública.
"Los mismos funcionarios podrán ser sujetos a juicio político por el manejo indebido de los referidos recursos locales, federales y deuda pública", establece.
En el proyecto, los panistas explican que, a través del juicio político, se busca sancionar las infracciones de los funcionarios, a través de la destitución e inhabilitación, pero también de las sanciones establecidas en las leyes penales.
La reforma obliga a los gobiernos estatales y municipales a terminar con la opacidad y rendir cuentas sobre la contratación, uso y manejo de las deudas.
En caso de incumplimiento, los funcionarios podrían ser castigados hasta con 7 años de cárcel.
"En caso de encontrar un manejo indebido de los fondos, se procederá en contra de los servidores públicos por las responsabilidades correspondientes, en consonancia con la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental", refiere.
