La Secretaría de la Función Pública (SFP) denunció penalmente al exsecretario de Finanzas de Andrés Granier, José Manuel Saiz Pineda; al expresidente municipal de Centro, Evaristo Hernández; a cuatro exempleados federales de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y extrabajadores del gobierno de Tabasco por el presunto delito de coalición de servidores públicos.
La SFP realizó una investigación en la que acreditó que estas personas incumplieron un acuerdo para comprar terrenos para construir casas que serían otorgadas a las personas que resultaron afectadas durante la inundación de octubre de 2007 en Tabasco.
La SFP explicó que la Conavi y autoridades del Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) suscribieron en 2007 un convenio para la adquisición de suelo, urbanización y construcción de 2 mil 500 viviendas, en un predio de 51.35 hectáreas, para resarcir los daños ocasionados a habitantes de 17 municipios por las inundaciones de octubre de ese año.
La Conavi aportaría 350 millones de pesos y el Estado agregaría 38.5 millones de pesos. A 10 días de firmado el acuerdo, la Conavi realizó la transferencia del dinero a la Secretaría de Finanzas, la cual a su vez, canalizó los recursos al Invitab, hasta agosto de 2008.
El Invitab con autorización de su Consejo de Administración, adquirió cinco terrenos con una superficie superior a las 169 hectáreas, por un monto de 239.4 millones de pesos, situación que se apartó de los términos pactados de urbanización y construcción de las viviendas.
Posteriormente, el Invitab solicitó al Comité de Obra Pública Federal autorizar la adjudicación directa de la construcción a una inmobiliaria y efectuar el pago con cuatro de los cinco predios adquiridos.
