Recursos. Francisco 'Kiko' Vega de Lamadrid, candidato a gobernador por PAN-PRD.
El Congreso del estado denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) al gobierno de Baja California por presuntamente desviar más de mil 300 millones de pesos a la campaña de Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid, candidato a gobernador por PAN-PRD.
El presidente del Congreso del estado, Gregorio Carranza Hernández, interpuso en la capital del país la denuncia formal ante la Fepade.
El líder del Congreso local aseguró que esos recursos se destinaron al plan "Baja Azul" de la alianza PAN-PRD que postula a Francisco Vega.
A nombre del Congreso del estado, y acompañado del diputado del PRI, Alfonso Garzón Zataráin, vicepresidente de la Mesa Directiva, acudieron a la Fepade en la ciudad de México, para presentar la denuncia y entregar la documentación. La comitiva de legisladores cumplió así el mandato del Congreso, cuyas mayorías parlamentarias acordaron presentar la denuncia.
El Congreso del estado acompañó la denuncia formal con testimonios y documentales que prueban este presunto desvío de recursos del gobierno estatal al candidato de su mismo partido.
El Congreso bajacaliforniano recibió documentales y testimoniales del Plan "Baja Azul", que documenta las transacciones que se hicieron por parte del gobierno estatal para favorecer a Vega de Lamadrid.
La XX Legislatura señala que tiene pruebas para responsabilizar a por lo menos 600 funcionarios del gobierno bajacaliforniano, incluido el jefe del Ejecutivo estatal, el secretario de Gobierno, así como los titulares de Salud, de Educación y Desarrollo Social, entre otros.
Destacó que de acuerdo con la información que se les hizo llegar, el gobernador José Guadalupe Osuna Millán, ordenó en 2011 la creación de una estrategia política-electoral que involucraba varias dependencias, operada por delegados federales panistas desde la Secretaría General de Gobierno de Baja California.
El presidente del Congreso del estado explicó lo que denominó "La ruta del fraude", en donde señaló que intervinieron al menos 600 funcionarios de las distintas dependencias del gobierno para comprometer a 400 mil electores a favor del candidato de la alianza PAN-PRD. En este operativo se utilizaron recursos públicos para la compra de gasolina, utilización de vehículos públicos, infraestructura, maquinaria para la instalación del sistema de llamadas telefónicas (call center) y otras actividades que alcanzan más de mil 300 millones de pesos.
En respuesta, el gobierno de Baja California aclaró que los señalamientos están infundados.
El secretario general de Gobierno del estado, Francisco Antonio García Burgos, argumentó que el gobernador José Guadalupe Osuna Millán siempre se ha conducido con respeto y ha atendido todas las observaciones del Congreso del estado.
