Diputados del Congreso del estado de Baja California denunciaron una supuesta red financiera y de funcionarios públicos que el gobierno de la entidad habría creado para operar en las elecciones del 7 de julio.
El presidente y el vicepresidente de la mesa directiva del Congreso local, Gregorio Carranza (Panal) y Alfonso Garcia, relataron que según testimonios recabados de ex funcionarios que conocieron los hechos, desde 2011 el gobernador José Guadalupe Osuna Millán, habría creado "una estrategia política electoral".
En ella, según su denuncia, se habrían ejercido mil 350 millones de pesos en recursos humanos (unos 600 funcionarios) y materiales de carácter público para asegurar el triunfo electoral del PAN.
La operación "Baja Azul" explicada por Carranza -y similar a la denunciada por el PAN en Veracruz- habría estado a cargo de la Secretaría General de Gobierno de la entidad y comprendió "tres etapas: detección, operación y movilización" basado en las secciones electorales más rentables para el PAN, a las que habrían sido designados los miembros del gabinete legal y ampliado del gobierno, e incluso delegados federales panistas.
Para ese plan, dijo, se contrataron brigadistas con cargo al presupuesto del Programa de Empleo Temporal de las secretarías de Desarrollo Económico, Desarrollo Social y la de Trabajo y Previsión Social, "utilizando 36 millones de pesos del presupuesto del gobierno".
Ahora, alertaron que unos 400 mil activistas así reclutados se movilizarán el domingo derivado de esto que llamaron "la ruta del fraude", que el pleno del Congreso del estado acordó, mediante un punto de acuerdo aprobado, denunciar penalmente.
La denuncia será presentada esta tarde ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de Procuraduría General de la Republica (PGR) y es por la probable comisión de delitos del orden federal, mismos que se atribuyen a funcionarios del gobierno del estado de Baja California y ex delegados de dependencias federales en la entidad.
