Colocada en la agenda del actual período ordinario de sesiones la posibilidad de imponer un nuevo gravamen a la actividad extractiva a título de derechos o regalías, las firmas mineras preparan amparos frente a lo que los expertos califican como acción inconstitucional… por más que reconocen su justeza.
De acuerdo al despacho Baker & McKenzie, el problema no es de fondo, sino de forma. Bajo el esquema propuesto se violan cuatro principios fundamentales en materia tributaria.
Estamos hablando de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino del gasto público.
Como recordará usted, la propuesta, vía una reforma a la Ley Minera, fue aprobada por la Cámara de Diputados al cuarto para las 12 de finalizar el anterior período ordinario de sesiones, quedando en suspenso la ratificación correspondiente del Senado.
La intención original de los autores de la iniciativa, es decir, los diputados priistas Adolfo Bonilla Gómez y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, era implantar un derecho de 4% a tasa anual sobre los ingresos acumulados de las firmas, que en la discusión se elevó a 5%.
La exposición de motivos señalaba que, a diferencia de cualquier país del planeta, las empresas extractivas tienen un tratamiento laxo en cuyo marco durante 2011 pagaron al fisco apenas el 1.3% del valor total de los metales extraídos.
El año pasado, el monto total de tributos fue de 3 mil 128 millones de pesos… más 844 mil 362 millones por derechos.
Más allá, de acuerdo al artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, la contraprestación al gobierno por concesiones y asignaciones mineras durante los primeros dos años de vigencia es de sólo 5.70 pesos por hectárea.
El máximo llega después del décimo año, con un monto simbólico de 124.2 pesos.
Además, las empresas del ramo no pagan ningún derecho por la producción de minerales, incluido el oro, cobrándoles sólo por la extensión de los terrenos a explotar.
El caso es que aun cuando el despacho jurídico reconoce que México es uno de los pocos países del planeta que carecen del cobro de derechos, el problema es el porcentaje que se plantea cobrar de manera general y la no deducibilidad del mismo en el Impuesto sobre la Renta, además de la imposibilidad de deducir de su base otros conceptos.
Bajo ese prisma, el tributo se vuelve el más oneroso del mundo.
La posibilidad de amparos se sustenta en que el texto de la ley que se busca reformar no define los elementos que integran la base de derecho, es decir, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, al limitarse a remitir las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Más allá, se habla de violar la proporcionalidad tributaria que obliga a los contribuyentes a otorgar al gasto público una parte proporcional de sus utilidades, es decir, que paguen de acuerdo con su verdadera capacidad contributiva.
Para el despacho Baker & McKenzie también se viola el principio de equidad que obliga a otorgar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, salvo que el trato injustificado tenga alguna justificación objetiva o parafiscal que se advierta en el propio texto de la Ley.
En abundancia, se advierte que podría violarse el principio de destino del gasto público, dado que si la reforma entrara en vigor en este mismo ejercicio, el ingreso correspondiente no está previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Más allá, se plantea que el tributo podría representar una doble disposición sobre el mismo ingreso, al no separársele del Impuesto sobre la Renta.
De acuerdo con la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, los recursos obtenidos por el nuevo gravamen se colocarían en un Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Entidades Federativas y Municipios.
El debate se está calentando.
BALANCE GENERAL
De aprobarse la propuesta de reforma energética del gobierno, la posibilidad de tienda de enfrente para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad obligaría a desmantelar los subsidios que se otorgan a los consumidores de gasolinas y energía eléctrica.
La razón se inscribe en uno de los 29 capítulos de la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés), concretamente el que apunta a las empresas estatales comerciales.
De acuerdo a ello, la intromisión del gobierno en el costo de los productos representaría una competencia desigual para quienes compitieran con las paraestatales.
De hecho, la exigencia del bloque de países entre los que se ubican Estados Unidos, Canadá, Singapur, Malasia, Vietnam, Nueva Zelanda, Perú, Australia, Chile, es que las empresas públicas tengan rango de autónomas.
ZANCADILLA A SLIM
Las señales indican que el magnate Carlos Slim podría retirar su oferta, vía América Móvil, para adquirir 70% del capital de la firma holandesa de telecomunicaciones KPN, ante los obstáculos que le han colocado.
Como usted sabe, la empresa emitió acciones de la serie B en favor de una fundación, lo que le da derecho de veto a la propuesta del mexicano, para presionar el que suba la oferta.
América Móvil es dueña ya de 30% del capital de la compañía.
BLOQUE DE GASEROS
Tradicionalmente enfrentadas entre sí, las 263 empresas distribuidoras de gas LP en el país se están integrando en un Consejo, cuyo principal cometido será promover un desarrollo equilibrado en la actividad.
La intención de las firmas que abastecen a 75% de la población vía 980 plantas de almacenamiento y 2 mil 689 estaciones de carburación para autos y camiones, es buscar la liberación del precio del combustible, focalizando los subsidios hacia las familias de menores ingresos.
DEBATE EN EL CLUB
En la coyuntura de la propuesta de reforma energética del gobierno, el Club de Industriales está alimentando el debate con tres foros a celebrarse el cuatro, 12 y 19 de septiembre, con los temas "Panorama global del petróleo", "Cómo optimizar la renta petrolera" y "Propuestas hacia una reforma integral del sector".
Entre los ponentes estarán tres exdirectores generales de la empresa pública, Adrián Lajous Vargas, Luis Ramírez Corzo y Jesús Reyes Heroles, además de Cuauhtémoc Cárdenas; el exsecretario de Energía, Luis Téllez y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani.
CRECE EL CANAL 40
De acuerdo con un ejercicio realizado por la empresa Parametría ("Encuesta Nacional de la Televisión Mexicana"), el canal 40 representa la cuarta cadena más conocida, luego de Televisa, Televisión Azteca y Canal 11.
El 81% de la audiencia que ha visto la programación tiene una opinión buena o muy buena del canal.
El conocimiento de éste en los últimos cuatro años ha crecido en 10 puntos.
La opción en televisión abierta surgió hace siete años.
