Obstaculizada la posibilidad de su aprobación ante la negativa del presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, José Isabel Trejo, de convocar a reunión, está listo ya el dictamen de una iniciativa de reforma a la Ley Minera que obliga a las empresas del ramo al pago de derechos.
La propuesta se traslapó con la de reforma a la Ley del Seguro Social que homologa el cálculo del salario-base de cotización con el esquema que rije para el entero del Impuesto Sobre la Renta de los trabajadores, por más que las dos apuntan a incrementar la recaudación.
La diferencia es que mientras la primera beneficia al Seguro Social, la segunda apunta a darle oxígeno a entidades federativas y municipios.
De aprobarse el dictamen por las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Economía, las empresas extractivas pagarán derechos de aprovechamiento equivalentes a 5% sobre sus ingresos acumulables netos de todas las concesiones que operen.
El pago a realizarse anualmente es independiente de otros derechos sobre minería que marque la Ley Minera o la Ley Federal de Derechos.
La propuesta original, planteada por los legisladores priístas Adolfo Bonilla Gómez y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, hablaba de 4%.
El porcentaje se consideró corto, señalándose en el dictamen que "no refleja adecuadamente el beneficio económico que obtienen las empresas derivado del grado de aprovechamiento que efectúan en la extracción".
La exposición de motivos señala que el cobro generará un beneficio económico justo para la nación, derivado de los recursos del subsuelo que son propiedad de la misma, propiciando un adecuado desarrollo de las zonas productoras y de las comunidades mineras asentadas en ellas.
El 70% de los recursos recaudados se integrarán en un Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, a crearse. Su distribución apuntará en 50% a los municipios y demarcaciones del Distrito Federal y otro tanto a la entidad federativa correspondiente.
El compromiso es invertir en obras de impacto social, ambiental y de desarrollo urbano, para lo cual se crearía un Comité representativo de la federación, las entidades federativas, los municipios y empresas mineras. El 30% remanente se considerará recaudación federal participable y se aplicará conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.
En el nuevo Artículo 27 bis de la primera se estipula que las concesionarias mineras pagarán anualmente un derecho especial aplicando la tasa de 5% a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva, las deducciones permitidas.
La exposición de motivos del dictamen señala que conforme se fueron adaptando en el mundo minero mejores relaciones entre el pago de contribuciones y el aprovechamiento que las empresas realizan de las sustancias minerales, se fue configurando un nuevo esquema de aportaciones al fisco, consistente en el pago de un derecho adicional conforme a las ganancias netas obtenidas por las empresas. Sin embargo, a juicio de la Cámara Minera de México las aportaciones fiscales que cubren las empresas del ramo son superiores a las de otros países con vocación minera como Perú, Chile y Canadá.
Según ello en las tres naciones existen incentivos fiscales de los que carece México.
La posibilidad del cobro de regalías a las empresas mineras está contemplada en el Pacto por México, y había sido anunciada por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Como usted sabe, con la excepción de dos gigantes: el Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco y Peñoles de Alberto Bailleres, la extracción minera está en manos de empresas extranjeras, principalmente canadienses, que han llegado, justo, ante el laxo panorama impositivo del país.
El gol está por caer.
BALANCE GENERAL
Ante la posibilidad de un desacuerdo con sus pilotos en la inminente revisión salarial, Aeroméxico está amenazando con promover un procedimiento de arbitraje ante la Secretaría del Trabajo para valorar la anulación del Contrato Colectivo de Trabajo.
La fórmula, conocida como Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica, está prevista en la Ley Federal del Trabajo. La planteó hace cinco años Mexicana de Aviación con resultados fatales de cara a la relación con sus trabajadores. Se diría que ahí surgió el declive de la línea aérea.
Colocada aparentemente en situación similar a la que enfrentaba su rival en el mercado, Aeroméxico negoció con sus pilotos y sobrecargos reducir voluntariamente prestaciones para no perder viabilidad.
En aquel entonces se dijo que el ajuste sería temporal, mientras se mejoraba la situación de la empresa.
La paradoja del caso es que ahora la compañía está exigiendo a sus trabajadores reducir sus salarios en 60%, además de escatimarles descansos y aumentar las jornadas de trabajo.
En paralelo, la firma no quiere ya hacerse cargo de las jubilaciones, enviando a los trabajadores al esquema de cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Aeroméxico ha sido el principal beneficiario en la quiebra de Mexicana de Aviación.
FRENAN A LARREA
De acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Pacífico, un tribunal de última instancia acaba de ordenar que se mantenga vigente una resolución del Juez Quinto Mercantil, dictada en febrero de 2010, que le impide a las empresas bursátiles adquirir por cuenta propia o de terceros más de 10% de sus acciones en el mercado.
Estamos hablando de la serie B que representa 85% del capital de la empresa aérea.
Como usted sabe, el Grupo México ha adquirido el 29.6% de los papeles en operaciones que han sido objetadas en los tribunales, aduciendo que los estatutos internos de la compañía impiden acumular a particulares más de 10%.
MULTINACIONALES MEXICANAS
De acuerdo con la revista "Forbes", México ya cuenta con 19 empresas multinacionales que se codean con las 2 mil firmas globales del planeta.
La mayor de ellas, sembrada en el escalón 100, con un valor de mercado de 70 mil 700 millones de dólares, es América Móvil, del magnate Carlos Slim Helú.
El segundo sitio, pese a la desincorporación de su división cerveza, lo ocupa FEMSA, la principal fabricante de bebidas en el país, que encabeza José Antonio Fernández. La tercera mejor posicionada es el Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, el rey del cobre.
La sorpresa la da Banorte que encabeza Guillermo Ortiz, con ramificación sólo a Estados Unidos.
En la lista están el Grupo Alfa, de Monterrey; el Grupo Modelo, Cementos Mexicanos, el Grupo Financiero Inbursa, Televisa, Peñoles, la principal firma extractiva mexicana de Alberto Bailleres; Bimbo y Grupo Carso.
Hay espacio también para El Puerto de Liverpool, Arca Continental, fabricante de Coca Cola; la cadena de tiendas Elektra, de Ricardo Salinas Pliego; Mexichem, las tiendas Soriana y Kimberly Clark.
Albertobarrancochavarria0@gmail.com
Barrancoalberto@prodigy.net.mx
