Se ha hecho común en nuestro país que las autoridades anuncien con bombo y platillo que han "rescatado" a algunas personas de una suerte peor que la muerte. El problema es que los rescatados no muestran ningún agradecimiento.
El caso más reciente es el de las bailarinas del Cadillac, un centro nocturno de larga historia en la colonia Anzures de la ciudad de México. Un operativo de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal el viernes 28 de junio llevó a la detención de 40 empleados y al "rescate" de 46 "víctimas", 27 mexicanas y 19 extranjeras. Las autoridades dijeron que las mujeres eran obligadas a prostituirse.
Las desagradecidas, sin embargo, no mostraron beneplácito por su rescate. Durante horas fueron detenidas e interrogadas. Su centro de trabajo fue clausurado, probablemente de manera definitiva, ya que el gobierno tratará de quedarse con el inmueble a través de la figura de extinción de dominio. Las extranjeras probablemente serán deportadas. Sus compañeros de trabajo -meseros, boleteras-permanecen privados de la libertad.
Por lo menos 15 de las presuntas rescatadas han presentado una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Señalan que no son prostitutas, que su trabajo era bailar y desnudarse. Declararon que los agentes del ministerio público fueron quienes las agredieron. Las supuestas víctimas fueron detenidas en un cubículo de la PGJ sin que nadie les explicara el motivo. "Pasaron ocho horas para decirnos que estábamos en calidad de víctimas." Una de las bailarinas señaló: "A mí nadie me maltrata en el Cadillac, nadie me obliga a nada, nadie me pega, nadie me secuestró. Yo me sentía más secuestrada en el búnker (de la PGJ) que en mi trabajo."
Una misma situación vemos en los operativos en los que las autoridades del Instituto Nacional de Migración "rescatan" a migrantes. En muchos de los casos lo único que quieren los migrantes es escapar a esos intentos de generosidad. Saben que los agentes del INM los extorsionarán y, si no les pueden entregar dinero, los expulsarán del país.
El problema fundamental está en las leyes. La nueva legislación sobre trata de personas es un intento de grupos moralistas de prohibir la prostitución a través del endurecimiento de las leyes sobre el lenocinio. A las autoridades esta nueva ley les cae como anillo al dedo. En lugar de tener que enfrentar a secuestradores, extorsionadores o asesinos peligrosos, las policías pueden dedicarse al fácil negocio de detener a meseros y boleteras. Poco importa que con estas acciones destruyan fuentes de trabajo y obliguen a las supuestas víctimas a buscar un nuevo puesto en el mismo ramo.
El operativo del Cadillac fue consecuencia de una denuncia de violación en el interior del lugar, pero en lugar de perder el tiempo buscando a los perpetradores del crimen las autoridades prefirieron cerrar el establecimiento bajo la excusa de la trata. La ley de extinción de dominio ofrece un excelente incentivo para este tipo de acciones. La parte más provechosa del operativo es que alguien, que no es el legítimo propietario, se va a quedar con un magnífico predio en Melchor Ocampo y Thiers.
Ya vimos el caso del News Divine. Un operativo montado por las autoridades del Distrito Federal para extorsionar a jóvenes que cometían el delito de divertirse, terminó en un homicidio masivo de jóvenes. Pero no fue castigado quien ordenó el operativo sino el administrador de la discoteca.
Hoy, en lugar de resolver un caso de violación, las autoridades capitalinas prefieren detener al personal de un table-dance. El problema es que las supuestas víctimas son unas desagradecidas.
HERMANOS MUSULMANES
No sorprendería que la persecución de los Hermanos Musulmanes en Egipto tras el golpe militar contra el presidente electo democráticamente, Mohamed Morsi, termine por fortalecer y radicalizar a esta organización islámica. Los fundamentalismos se nutren de la represión.
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