Opinión. Ricardo García Cervantes asegura que instituciones como el Ministerio Público de la Federación solamente podrán fortalecerse con la fuerza y la capacidad de acción de la propia sociedad. En la imagen, las instalaciones de una subdelegación de la PGR.
El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, señaló que el Ministerio Público de la Federación está debilitado debido a la lejanía que mantiene con la ciudadanía, que desconfía de ésta y otras instituciones.
"Estoy aquí representando a la Procuraduría General de la República (PGR), al Ministerio Público de la Federación, un ministerio muy noble, pero que es una institución que está debilitada, y hay que decirlo y reconocerlo", afirmó.
En la inauguración del foro "Violencia, inseguridad y víctimas, una agenda para los derechos humanos", advirtió que instituciones como el Ministerio Público solamente podrán fortalecerse con la fuerza y la capacidad de acción de la propia sociedad, de la cual no sólo se puede recibir la crítica, la exigencia y la presión, sino también la confianza, que es el nutriente definitivo que puede hacer de México un país de instituciones.
"La confianza entre las autoridades y la ciudadanía está todavía lejos", reconoció el subprocurador. Durante este foro, celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Eliana García, coordinadora de Políticas Públicas en Derechos Humanos de la PGR, destacó la Ley General de Víctimas, que definió no como una ley de derechos humanos, sino como una ley de justicia. Refirió que esta Ley surgió del profundo dolor que está viviendo el País, una crisis humanitaria que requiere, advirtió, de una política de Estado en que todos actuaran en una sola dirección.
Enfatizó que la ley surgió a partir del movimiento de víctimas, que comenzó a escucharse entre abril y mayo de 2011.
"Les puedo asegurar que la construimos (la ley) con un profundo amor, porque en México en este momento la demanda central que debemos tener, como la más subversiva, es recuperar la paz", puntualizó.
En tanto, Mercedes Peláez, directora de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo que México no estaba preparado para atender a las víctimas de la violencia, situación ante la que surge la Ley General de Víctimas.
Señaló que el País vive una realidad compleja que ha generado una multiplicidad de víctimas, que comprende desde el afectado directo por la delincuencia organizada, hasta la victimización producto de la desidia del servicio público y de la falta de atención y solidaridad de las comunidades.
"Una cosa es el hecho victimizante, y otra la cadena de consecuencias o de sucesos que a partir de ese hecho se generan por la falta de actuación del Estado en diversos órdenes y estructuras", dijo.
A estas víctimas, precisó, es necesario reconocerlas y atenderlas a través de un modelo no asistencialista, sino de protección de derechos de las personas, derechos que se dividen en dos, los que adquiere en su calidad de víctima, y otros que le han sido vulnerados reiteradamente.
