No hay problema de México tan lacerante como la desigualdad social. Más de la mitad de la población es pobre; la gran mayoría vulnerable a cambios bruscos: desastres, inflación, morbilidad, cambio climático, entre otros. Si la pobreza es acuciante, la desigualdad es una de sus fuentes permanentes. Es necesario convencer que el combate a la primera es inútil sin la transformación del origen de la segunda.
La desigualdad es probablemente la marca más notable de la historia social del país. Desde la Nueva España aparece en las crónicas más autorizadas y en los estudios históricos la condición de exclusión de los indios y los trabajadores, a la par de la admiración por las enormes riquezas del territorio. Humboldt fue uno de los primero personajes de relieve que exhibió esta condición de destitución de grandes grupos a merced de élites acaparadoras en un modo de organización que dejó fuera sistemáticamente a los grupos desfavorecidos.
Cuando el problema se circunscribe exclusivamente a "lo social" se evita tocar las agudas aristas de "lo político" como factor operante en la producción de desigualdad y destitución. Este factor tiene, al menos, dos caras.
La primera y más determinante es la medida en que los diferentes grupos sociales participan en política a través de organizaciones y representantes en la sociedad civil y en el sistema político. Si estos grupos sociales (indígenas, campesinos, obreros, informales, marginados urbanos, migrantes internos, clases medias de primera y segunda generación) no tienen formas de representación genuinas, que ellos mismos puedan considerar propias, y si esas organizaciones, en el supuesto de que existan, no responden a sus expectativas e intereses, se puede decir que están fuera del sistema político. Es el caso, en muchos sentidos, de las organizaciones "corporativas" y de los partidos.
Durante mucho tiempo se consideró que el "corporativismo" en México había establecido un equilibrio entre grupos sociales en la distribución de la renta nacional. Pero con la descomposición del sistema presidencialista de partido hegemónico, las organizaciones dejaron de dar prelación a la representación de sus bases para favorecer a sus costras burocráticas que, gracias a ello, se hicieron de los beneficios que esa función invertida de representación traía consigo. Esta historia es un ejemplo para libro de texto de teoría de la acción colectiva.
A cambio ofrecieron apoyo al régimen controlando sus bases. Los grandes sindicatos nacionales son todavía un ejemplo palpable de ello y siguen siendo esa figura decadente de un sistema que dejó de existir pero de los que cualquier gobierno puede beneficiarse en el corto plazo, no así el país y su gente.
La otra faceta de "lo político" de la desigualdad es la forma como predominantemente han operado las políticas sociales. Por una parte, la adhesión a la ortodoxia económica por parte de los gobiernos se hizo sin una reflexión pertinente sobre aquellos aspectos en los que, en un país como el nuestro, el gobierno debe seguir suministrando bienes públicos asociados a la reducción de la desigualdad. Por ejemplo, la restricción de la inversión pública en infraestructura y productividad ha ido dejando a grandes sectores de la población con un déficit de servicios y capacidades elementales que cualquier Estado está obligado a proporcionar o favorecer, como la salud, los transportes, las comunicaciones y la educación. La inversión se redujo y la población creció. En este punto es menester que esa reflexión y, sobre todo, la deliberación pública se lleve a cabo, aunque sea a destiempo. Una sociedad con pobreza y desigualdad como la de México no puede admitir la indiferencia del Estado en proveer bienes públicos elementales para que los esfuerzos de la gente puedan resultar en mejoría de sus condiciones, es decir, en bienestar. Si lo admite, incurre en una grave falta de moral política. Cuando el Estado minimizado es apartado de estos fines se degrada y pierde legitimidad.
Además, hay que revisar si los servidores públicos, empleados de los gobiernos de verdad están capacitados para implementar esas políticas. Todos los indicadores hablan de lo contrario. El país tiene élites competentes, pero a medida que se desciende en la escala el profesionalismo se diluye. Complementariamente, subsiste la corrupción y la falta de rendición de cuentas. Las dos caras de la desigualdad en "lo político" se juntan. Si no hay organización y representación auténticas y si las políticas públicas son insuficientes y mal aplicadas, la desigualdad y sus efectos -como la pobreza y la destitución- se reproducen.
A diferencia de otros asuntos en los que se puede responsabilizar al gobierno del problema, en este tema la sociedad está implicada indefectiblemente. Si sus grupos no actúan y no actúan bien en política, con apego a una visión actual de los problemas, nadie vendrá a salvarnos.
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