El gobierno federal destinará al municipio de Tijuana 58 millones de pesos para solucionar los problemas de seguridad pública que provocan los miles de deportados que se asientan en esta frontera, en inversión que ha sido considerada inédita.
El secretario de Seguridad Pública local, Alberto Capella Ibarra, informó que los recursos serán administrados por el gobierno de Baja Californi y el objetivo primordial será dedicarle especial atención al tema de las deportaciones.
Autoridades de los tres órdenes de gobierno han responsabilizado a los repatriados de Estados Unidos, de incrementar la incidencia delictiva, ante la falta de trabajo y estímulos para regresar a sus lugares de origen se quedan a delinquir, consideran.
Rommel Moreno Manjarrez, fiscal del estado, refirió que el 10% de los detenidos en el año 2013 son deportados que delinquen para sobrevivir.
Capella Ibarra dijo que "se implementarán con una visión humanista. No se vale el hecho de que no se esté manejando de forma adecuada la situación".
Los recursos fueron aprobados hace 15 días, y Tijuana recibirá 58 millones de pesos, en tanto Mexicali 44 millones. El dinero será focalizado a acciones concretas que esperan tengan impacto a finales del año. Se establecerá un centro comunitario para la atención de migrantes, donde se les brindará la posibilidad de tener comunicación con sus familiares, recibirán atención médica, y un programa para regresarlos a sus lugares de origen.
También se conformará un área de análisis, para determinar con exactitud cómo está afectando el fenómeno de las deportaciones a la frontera de Tijuana.
