Proceso. Procede la destrucción del material y su clasificación como documentación reservada.
Tras siete años de litigios nacionales e internacionales, las boletas de las elecciones federales y presidenciales de 2006 serán destruidas.
Luego de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) negara la razón a quienes señalaron al Estado mexicano de violar las garantías de acceso a la información, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que procede la destrucción del material y su clasificación como documentación reservada.
En la misma sentencia, aprobada por unanimidad ayer miércoles, los magistrados ordenaron al Instituto Federal Electoral (IFE) ajustar calendarios y lineamientos para proceder a la destrucción la documentación, misma que fue suspendida cautelarmente por la instancia internacional.
La Sala Superior resolvió así dos recursos interpuestos en 2012 por PRD, PT y Movimiento Ciudadano, partidos que impugnaron los lineamientos emitidos por el IFE para la destrucción de las boletas.
Los inconformes alegaron que al impedir su consulta física se afectaron los principios de máxima publicidad, transparencia y acceso a la información.
Pero los magistrados rechazaron esos argumentos y ratificaron el criterio de sus sentencias de 2007 y 2010: con la destrucción de las boletas electorales se protege la secrecía del voto y, además, existe documentación consultable sobre la jornada electoral, y cualquier interesado acceder a ella, a través de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas.
"La verdad histórica de la elección está debidamente resguardada y es de acceso público" ahí, expuso el magistrado Pedro Esteban Penagos.
En esencia fue con esos mismos argumentos del TEPJF que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró en 2011 inadmisible la denuncia, promovida en 2006 por la revista Proceso, y ahora, en julio pasado, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que no se vulneraron derechos fundamentales.
Así, al resolver el caso ahora promovido por los partidos y por la vía electoral, ante el TEPJF -al que no recurrió "Proceso", sino que denunció por la vía del amparo, ante la Suprema Corte (SCJN) y luego ante organismos internacionales- los magistrados fijaron su postura.
El magistrado presidente Alejandro Luna Ramos recordó que el ciudadano puede acceder a las actas electorales y no necesariamente a las boletas físicas, para satisfacer su derecho a la información.
Eso estableció también el organismo de la ONU, al exponer que "la denegación de acceso a la información solicitada en forma de boletas físicas, tenía por finalidad garantizar la integridad del proceso electoral en una sociedad democrática".
