La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ha emitido cuatro informes que muestran irregularidades en el funcionamiento de lugares de detención e internamiento del estado de Zacatecas.
En un comunicado, el organismo indicó que se visitaron tres centros de reinserción social, siete cárceles municipales o distritales, 11 separos de seguridad pública o juzgados, 25 agencias del Ministerio Público, tres albergues para atención a víctimas de delitos y/o asistencia social.
Al momento de las visitas, el universo de las personas que se encontraban privadas de la libertad en los distintos lugares fue de dos mil 849, de las cuales 150 eran mujeres y dos mil 660 hombres, 22 adolescentes hombres y 17 adolescentes mujeres.
En los mencionados informes, dirigidos al gobierno de la entidad, se señalan un total 357 irregularidades, entre éstas, las inadecuadas condiciones de las instalaciones e insalubridad; deficiencias en la alimentación, falta de lugares de detención, carencia de defensores públicos; intervención de autoridades no especializadas en casos de adolescentes en conflicto con las leyes.
Detalló que se detectaron omisiones en los registros de personas privadas de la libertad; inadecuada separación y clasificación; irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias a los internos; inadecuada difusión de reglamentos a la población interna y la inexistencia de una ley estatal para prevenir y sancionar la tortura.
Además, añadió, se presenta la falta de manuales de procedimientos relacionados con el ingreso, estancia y egreso de las personas privadas de la libertad en Agencias del Ministerio Público y centros de reclusión.
La CNDH dijo que también se hallaron irregularidades en la prestación del servicio médico; inexistencia de programas para combatir la violencia y las situaciones de emergencia en los lugares de detención; omisión de supervisión de autoridades superiores a estos sitios.
En otros lugares de detención, acotó, se encontró que las instalaciones no cuentan con modificaciones y adaptaciones para facilitar el acceso de personas con discapacidad física y discriminación a personas que viven con VIH/Sida.
