SAT. El Gobierno federal detectó las operaciones ilegales sólo en lo referente al IVA.
Defraudaciones por más de 105 mil millones de pesos entre 2008 y 2012 habría causado una red criminal que se dedica a manufacturar comprobantes fiscales para deducciones falsas.
El Gobierno federal detectó estas operaciones ilegales solo en lo referente en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
"Derivado del análisis de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros de los ejercicios 2008 a 2012, se han identificado al menos 316 facturadores que realizaron operaciones por 105 mil 369 millones de pesos con más de doce mil contribuyentes que utilizan indebidamente estas facturas que amparan operaciones simuladas, y sólo por lo que se refiere al IVA", explicó el Gobierno en la iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación, entregada el domingo al Congreso.
Fuentes del Sistema de Administración Tributaria (SAT) informaron que la práctica ya está identificada como "fraude carrusel", que ya hay personas acusadas penalmente, y que las principales beneficiarias han sido pequeñas y medianas empresas, menos susceptibles de ser auditadas que los grandes corporativos.
Las "operaciones" a las que se refiere la iniciativa fueron deducciones o intentos de deducción aplicadas por quienes aprovecharon las facturas emitidas por la red criminal.
De hecho, el mes pasado el SAT trató de contratar a una consultora privada para tener una estimación más precisa del monto de la evasión fiscal por este fraude, es decir, del IVA que se dejó de percibir, pero ninguna empresa se interesó en el proyecto.
En su exposición de motivos, el Ejecutivo federal explicó que se trata de una red que ha evolucionado de la tradicional falsificación de facturas en papel, a un esquema mucho más complejo, que consiste en crear empresas supuestamente prestadoras de "servicios" para otras empresas, y que colocan en el mercado comprobantes fiscales auténticos y con flujos de dinero comprobables.
"En estas operaciones el adquirente del comprobante fiscal generalmente recibe directamente o a través de interpósita persona la devolución de la erogación inicialmente facturada menos el cobro de las comisiones cobradas por el traficante de comprobantes fiscales", dice la iniciativa, que crea el artículo 69-B del código para combatir esta prática.
"Con esta devolución se cierra el círculo del tráfico de comprobantes fiscales, en el cual el adquirente logra su objetivo de deducir y/o acreditar un concepto por el cual en realidad erogó una cantidad mucho menor, erosionando con ello la base del impuesto correspondiente en perjuicio del fisco federal y a su vez los traficantes de comprobantes fiscales obtienen una utilidad", agrega.
El modus operandi consiste en crear múltiples razones sociales legítimas que prestan supuestos servicios de transporte, comercialización o producción, que inicialmente cumplen sus obligaciones fiscales, y cuando empiezan a incumplir y el fisco pretende auditarlas, "desaparecen", dejando como fachada a empleados domésticos o testaferros.
También mencionó que la red ofrece una gran variedad de objetos sociales para adecuarse a las necesidades de sus clientes, es decir, para emitir comprobantes fiscales con conceptos amplios que le den credibilidad a la factura.
"Mantener impune esta práctica se traduce no sólo en un grave daño a las finanzas públicas y una afrenta a quienes sí cumplen con su deber constitucional de contribuir al gasto público, sino también consentir en un desafío al Estado y acrecentar la falta de cultura de la legalidad en nuestro país", dice la iniciativa.
