La transparencia y la rendición de cuentas son una exigencia social. México requiere consolidar un marco legal que cierre el paso a la corrupción, pero también a la ineficiencia en materia de deuda pública, tema que ha acaparado titulares en los medios de comunicación, intensos debates en el Congreso y, por fin, un acuerdo entre las principales fuerzas políticas en el país, plasmado en el Pacto por México.
Pero en deuda no se puede generalizar y no se debe estigmatizar.
Mucho menos quedarse en la comodidad del linchamiento político.
La sociedad exige a los legisladores reglas claras para prevenir y sancionar.
En el Pacto por México, signado por las principales fuerzas políticas del país, se propone una nueva Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las entidades federativas y municipios, con el objetivo de controlar el exceso de endeudamiento, regular el acceso a la fuente de pago y a las garantías de la Federación para el endeudamiento subnacional.
La misma esencia tiene la iniciativa de reforma constitucional del Presidente Enrique Peña, presentada a través del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado: crear la Comisión Nacional Anticorrupción como órgano autónomo, que asegure, en todos los órdenes de Gobierno, una verdadera y auténtica rendición de cuentas, y vele por que los actos de corrupción sean sancionados y vigilados desde esa instancia, dotada de plena autonomía y con participación ciudadana.
En ambos casos, lo que el Congreso tiene es, además de voluntad, el inicio de un proceso legislativo que deberá enriquecerse con las distintas visiones y experiencias no sólo de diputados y senadores, sino de los especialistas.
El reto no es menor. La ley que en su momento nos corresponda aprobar deberá regular aspectos de transparencia y rendición de cuentas; dar garantías para que la deuda se contrate en las mejores condiciones posibles, exista capacidad probada de pago y, por supuesto, supervisar el alcance social de los proyectos a los que se destinará.
Para transitar hacia una auténtica rendición de cuentas en lo financiero, por ejemplo, la legislación podría establecer la obligatoriedad de presentar Estados Financieros Pro Forma. Es decir, el flujo de efectivo que permita visualizar la estrategia de recaudación de ingresos y la disminución de gastos para cumplir con los compromisos adquiridos con anterioridad, más el nuevo pasivo.
Sería importante asimismo, que las autorizaciones para contratar deuda de largo plazo sean anteriores a los últimos doce meses de la administración en turno y que el porcentaje de incremento de la deuda contratada sea proporcional al incremento de los ingresos propios de recaudación.
Y si queremos asegurar transparencia y competitividad, ¿por qué no la obligatoriedad legal de someter a concurso la contratación de deuda?, mediante bases muy claras de licitación para las instituciones financieras, que establezcan montos mínimos y máximos en las tasas de interés, garantías y plazos.
Otro aspecto recomendable sería que las Entidades de Fiscalización Local Superior, que cuentan con toda la información actualizada de cada uno de los municipios del país, generen un dictamen sobre la situación actual de cada uno de los municipios que requiera solicitar crédito, que incluya un análisis entre la capacidad de endeudamiento y de pago, proyectada en un período no menor de 36 meses.
Se trata de enriquecer las propuestas y lograr un marco legal más sólido que, más allá del escándalo que per sé encierra el vocablo deuda, analice a fondo de dónde provienen las cifras, qué origen tienen los presupuestos de los distintos niveles de gobierno, cuál es su capacidad recaudatoria, las garantías de pago que ofrecen e incluso los mecanismos bajo los cuales se endeudan.
La alternancia ha permitido a los ciudadanos constatar casos de buenos y malos manejos financieros, independientemente del partido que gobierna.
Hoy el Poder Legislativo tiene la gran oportunidad de construir los cómos; está obligado a llegar a la "meta", del Pacto, a demostrar la riqueza que encierra la pluralidad no sólo en propuestas, sino en acuerdos para transformar la realidad.
