Proceso. La detención de Gordillo se produjo un día después de que el presidente Enrique Peña promulgara la Rereforma Educativa.
El Juzgado 14 de Distrito de Procesos Penales Federales dictó auto de formal prisión en contra de Elba Esther Gordillo por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparable calificada.
El Consejo de la Judicatura Federal informó que a las 21:00 horas de ayer viernes se dio a conocer la determinación por parte del juzgador Rubén Darío Noguera.
El Ministerio Público obtuvo el pasado 8 de octubre la orden de aprehensión, por este delito, dentro de la causa penal 91/2013-C, debido a las pruebas que acreditan que en su declaración anual del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal 2008, la exlíder magisterial reportó ingresos menores a lo realmente obtenidos.
La víspera Gordillo Morales se declaró inocente de este ilícito que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR), durante una audiencia que se realizó en privado en la torre médica de Tepepan, donde se encuentra recluida por motivos de salud.
El auto de formal prisión por el delito de defraudación fiscal equiparable se suma a las dictadas por los ilícitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
ANTECEDENTES Gordillo, quien encabezó el Sindicato Nacional para los Trabajadores de la Educación durante más de dos décadas, fue detenida el 26 de febrero pasado por orden de un juez y a petición de la Procuraduría General de la República.
Entonces fue acusada de delincuencia organizada y de operaciones financieras irregulares para desviar recursos procedentes de los aportes sindicales de los maestros por un monto superior a 2,000 millones de pesos (unos 152 millones de dólares).
La detención de Gordillo se produjo un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto promulgara una reforma educativa que enfrentaba el rechazo del Sindicato Nacional para los Trabajadores de la Educación, uno de los más grandes América Latina, con más de un millón de maestros afiliados.
La reforma restaura la rectoría del Estado en materia educativa y merma el control que sobre el sector mantiene la agrupación sindical, que hasta ahora asignaba las plazas docentes en función de criterios discrecionales y no por méritos profesionales.
