A casi un año de que la joven Karen Joana Sánchez Gochi fue asesinada, el juez Octavio Israel Cevallos Orozco dictó sentencia de 35 años de prisión a Mario Gabriel Enríquez Pérez por el delito de homicidio calificado, perpetrado el 11 de junio de 2012.
La condena se dio a conocer la víspera. El juez argumentó que no podía dictar una pena mayor porque se consideraba a Enríquez Pérez como delincuente de "peligrosidad media", comentó Guadalupe Gochi, la madre de Karen.
En entrevista, la madre de la joven asesinada aseguró que "Mario se estaba riendo mientras recibía la sentencia".
El asesinato de Karen no fue tipificado como feminicidio debido a fallas en el proceso, pues las autoridades no dieron aviso oportuno del caso a la Fiscalía correspondiente.
Durante el proceso, la familia recibió apoyo del Observatorio Nacional de Feminicidio, así como de abogados de la UNAM, especialmente de Horacio Hernández Santiago.
Familiares de la joven adelantaron que apelarán el fallo del juez, pues el caso pese a tener todas las pruebas no se juzgó como feminicidio.
Desde octubre de 2011 la Procuraduría capitalina estableció un protocolo de investigación que marca los lineamientos para dar seguimiento a las averiguaciones previas que impliquen la privación de la vida a una mujer o a personas de la diversidad sexual, esto con el objetivo de actuar bajo una perspectiva de género y con apego a los derechos humanos.
Diana Rusell, académica en temas de género y a quien se le atribuye la definición de ese término, dice que el feminicidio se refiere a “los asesinatos de mujeres motivados por el sexismo y la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia ellas, porque ellos sienten que tienen el derecho de terminar con sus vidas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres”.
Según el artículo 148 bis del Código Penal local, se considera feminicidio cuando el agresor y la víctima hayan tenido una relación afectiva, de confianza, sentimental, de parentesco, laboral, docente o que haya implicado subordinación o superioridad. Entonces se castigará con penas de 30 a 60 años de cárcel.