Con la presencia inaudita de 20 mil de sus militantes: funcionarios públicos, gobernadores, presidentes municipales, delegados, regidores, el PRI debate los primeros días de marzo, al calor de su aniversario 84, un nuevo rumbo ideológico bajo dos vías: la reforma hacendaria y la energética. Como usted sabe, en el centro de la mesa está el sí o no a la modificación de su declaración de principios que le impide dar luz verde a la participación de capital privado en Petróleos Mexicanos e incrementar la tasa del IVA en materia de alimentos y medicinas.
Y aunque, dada la tradicional sumisión al Tlatoani en turno, se auguraría un sí rotundo a la consigna que cimbraría al Centro de Convenciones de Banamex, la posibilidad no es tan simple.
Hay quienes se inclinan por darle oxígeno a Pemex vía el cambio de su régimen fiscal y laxando sus pagos de derechos, lo que permitiría respetar los artículos 27 y 28 de la Constitución… pero haría más profundo el boquete fiscal para atender necesidades urgentes del país.
Desde otro ángulo, hay quienes consideran que, sin modificar la tasa general del IVA y sin elevar la de alimentos y medicinas, se puede multiplicar la recaudación por doble vía: redoblar la fiscalización e incorporar a los informales.
De acuerdo al último recuento del Inegi, la población que navega al margen de darle al César lo que es del César… alcanza ya a 28.9 millones de mexicanos, equivalentes al 59 por ciento de la población en edad productiva, lo que nos coloca en el último escalón entre las naciones adheridas al Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico.Ahora que las posiciones intermedias hablan de mantener la propiedad estatal de Pemex, pero abriendo tres sectores a la inversión privada nacional y extranjera, es decir la petroquímica básica, la refinación y el transporte de los hidrocarburos. En el otro escenario, se plantea subir a 10 por ciento la tasa del IVA en materia de alimentos y medicinas, estableciendo una escala gradual para igualarla a la general en cinco años… pero ofreciendo una canasta básica exenta en los dos rubros.
En el caso de los alimentos, ésta sería determinada por el Inegi; en el caso de las medicinas, el punto de partida sería a partir de la base del cuadro básico de medicamentos del sector salud.
Por lo pronto, planteada la presentación de las reformas para el segundo período de la actual legislatura, existen voces que hablan de una campaña previa para convencer a la población de la utilidad de éstas. Dicho con todas las letras, plantear una gama de programas sociales que se harían realidad con mayores recursos, entre ellos la seguridad universal. La presencia de éstos sería el gancho para incorporar a los informales.
En paralelo, el gobierno plantearía una campaña de transparencia sobre los grandes boquetes que enfrenta el país en materia de recursos para atender jubilaciones y pensiones de los trabajadores públicos.
La realidad de las finanzas del IMSS; los compromisos de Pemex en materia de facturas pendientes de pago de los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto conocidos como Pidiregas; los subsidios a las gasolinas y a la energía eléctrica…
Los muertos, pues, saldrían de las tumbas.
La encrucijada es simple: El PRI mantiene la línea neoliberal iniciada con Miguel de la Madrid e interrumpida por la pérdida del poder, o regresa a sus orígenes de sustento popular.
Ese-puño-no-se-ve.
BALANCE GENERAL
Sin digerirse aún el ruinoso convenio realizado por Pemex para mantener su sociedad con la Impulsora Jalisciense en Mexicana de Lubricantes, ya empezaron a ensancharse las grietas que dejó olímpicamente la paraestatal.
Hete aquí que, desbancado de la presidencia de la compañía productora de aceites y lubricantes automotrices, Salvador Martínez Garza, el cargo se lo heredó a su hijo, Santiago Martínez de la Torre, quien se acaba de autoasignar un salario de 497 mil 336 pesos mensuales.
Este sería sólo para el mes pasado y el que corre, dado que en marzo subiría cinco por ciento, para llegar a 497 mil 336 pesos.Todo ello al margen de prestaciones como gastos médicos mayores, aguinaldo, vales de despensa, fondo de ahorro, fondo de retiro…
El presidente de MexLub ganará casi tres veces lo que percibe el presidente de la república y el Secretario de Energía, para no hablar del director de Pemex.
La herencia la dejó la anterior administración de la paraestatal, sin transparencia a la vista sobre la recuperación de las colosales ganancias que dejó de compartir con su socio la firma que recibió a la empresa con todos los privilegios y todas las ventajas.
NI SLIM NI AZCÁRRAGA
Tal como se perfila, la nueva Ley de Telecomunicaciones, le restaría parte de la hegemonía de que gozan las empresas como Teléfonos de México y Televisa, al lanzarlas a la competencia.
Frente a la primera se abrirían las bandas de 1.7 y 2.5 gigahercios, lo que le daría luz verde a nuevos participantes de telefonía móvil y banda ancha, con la consigna de que la firma del magnate Carlos Slim no podría participar en las licitaciones.
Frente a la segunda, habría la posibilidad de tres cadenas nacionales más, una de ellas del Estado, integrando a los canales 11, 22 y la totalidad de los Sistemas Estatales de Televisión, quedando el resto en manos privadas.
En este caso tampoco la firma de Emilio Azcárraga Jean podrá participar.
Digamos que a diferencia de los gobiernos panistas que le cargaron la mano a Telmex para beneficiar a Televisa, aquí entraría el rasero.
Habrá que verlo.
APERTURA TOTAL
De acuerdo al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mony de Swaan, el país debería abrir la posibilidad de inversión extranjera a todas las actividades del ramo, es decir telefonía fija, televisión, radiodifusión…
Según el funcionario, la apertura que a su juicio abriría la posibilidad de servicios convergentes, sería "sin restricciones y sin reciprocidad alguna".
Así como lo lee usted.
OTRA VEZ PASTA DE CONCHOS
Siete años después de la explosión en la mina Pasta de Conchos que le costó la vida a 65 trabajadores, 62 de los cuales permanecen aún en lo que constituyó su fosa común, no hay aún una investigación seria sobre las causas que originaron la tragedia.
De hecho, las denuncias penales contra el Grupo México, propietaria de la mina de carbón, permanecen dormidas.
Tampoco existe un expediente que documente la inexistencia de inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo, cuyos últimos títulares de los gobiernos panistas se colocaron de plano al lado de la empresa.
La tumba colectiva quedó como monumento a la impunidad.
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