Las reformas a los Códigos Civil y Procesal Civil de Coahuila, que desde la semana pasada establecen que el divorcio será decretado por un Juez a solicitud de cualquiera de los cónyuges sin expresión de causa, es un ataque en contra de la familia como base de la sociedad y un insulto al sentido común.
La cultura del matrimonio para toda la vida, no sólo está apoyada en principios religiosos y jurídicos, sino en la naturaleza misma del ser humano y de la sociedad, ya que la formación de una familia es tarea que requiere toda la vida.
Es evidente que existen matrimonios que no funcionan, por lo que nuestro derecho ha regulado la existencia del divorcio como un mal necesario en dos vertientes: El divorcio por mutuo consentimiento de ambos cónyuges que se decreta una vez que los esposos acuerdan el reparto de sus bienes y garantizan la manutención de la prole, y el llamado divorcio necesario que es el que promueve uno de los cónyuges en contra del otro, por haber incurrido este último en una causa grave como abandono de hogar, adulterio, injurias, violencia familiar y otras similares cuando hacen imposible la vida en común y en la sentencia el Juez resuelve sobre la situación de los bienes y de los hijos.
Desde el punto de vista del derecho civil el matrimonio es un contrato por ser un acuerdo de voluntades de ambos cónyuges, como fuente de derechos y obligaciones recíprocos en orden a los fines del matrimonio, que se concretan en el complemento mutuo de los esposos y la procreación y formación de los hijos.
La reforma decretada por el Congreso de Coahuila, dócil a las órdenes del gobernador Rubén Moreira, contradice el principio básico de los contratos establecido por el Derecho Civil desde la antigüedad hasta hoy día, que consiste en que el cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de una sola de las partes, por lo que el caso que nos ocupa, en que el matrimonio acaba sin expresión de causa y por el solo deseo de una de las partes, sienta un precedente inadmisible que aplicado a otros contratos civiles o mercantiles, permitiría a los contratantes dejar de cumplir con sus obligaciones a capricho.
La exposición de motivos de la ley en comento es un discurso cínico, que invoca el derecho de libertad de los cónyuges y el bienestar de los hijos, bajo el pretexto de facilitar los trámites de muchos expedientes de divorcio que según la misma iniciativa permanecen atorados en los juzgados, cuando tal cosa ocurre por incapacidad del sistema judicial y por tanto del propio gobierno.
La absurda reforma agravará el rezago en los Juzgados, porque el nuevo artículo 582 fracción V del Código Procesal, dispone que después de decretado el divorcio siga el pleito respecto al cuidado y manutención de los hijos y sobre el destino de los bienes de la pareja, por lo que los cónyuges quedan en libertad de contraer nuevas nupcias, en medio de un desastre sin resolver que dejan atrás es decir, sin cerrar el ciclo anterior.
Otro aspecto negativo es que el artículo 40 fracción X del Código Procesal citado, contrariando la regla general que determina la competencia judicial en función del domicilio del demandado, hace competente para conocer del divorcio al Juez del domicilio del cónyuge solicitante, lo que impulsará una industria de divorcios al vapor respecto de matrimonios celebrados en otros Estados de la República, a despecho de los conflictos jurídico territoriales que resulten.
El nuevo artículo 581 del Código Procesal Civil entraña una violación monumental a los derechos constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, al disponer que "El señalamiento y aseguramiento de alimentos para el cónyuge acreedor y los hijos no podrá demorarse por el hecho de no tener el juzgador datos para hacer la fijación del monto de la pensión, sino que se decretará tan pronto se pida". Lo anterior implica que pese a la falta de elementos de juicio y pruebas, el juzgador deberá resolver a ciegas, pero eso sí, rápido y sin demora. ¡No manchen!
¿De qué está hecha la mayoría priista en el Congreso? ¿Así viene la nueva Constitución de Coahuila que se nos anuncia? ¿Acaso no hay juristas entre nosotros? ¿Estamos castrados?
Es curioso que mientras el gobierno de Moreira legaliza las uniones entre personas del mismo sexo, socaba la institución del matrimonio que es entre hombre y mujer. Hace siete años que el gobierno de Moreira declaró la guerra al sentido común y se empeña en destruir el tejido social, respondiendo a un estilo autoritario y populista que basa su permanencia en el poder, en la degradación política, moral y económica de los coahuilenses.
