Con ventaja de dos votos (ocho a seis), uno de ellos de la parte interesada, el Comité de Análisis integrado por el municipio de Benito Juárez, avaló desde el plano técnico y legal el proyecto de un megacentro de exposición y venta al mayoreo de productos chinos, bajo la denominación Dragon Mart.
La última palabra, empero, dado que la opinión del órgano no es vinculante, la tendrá el propio convocante, cuyo cabildo se reunirá esta misma semana. Sí o no, pues, a la licencia de construcción.
El coloso que colocaría a toda la gama de productos chinos al alcance de México, se ubicaría en un predio de 561 hectáreas denominado Tucán, ubicado a 9 kilómetros del aeropuerto internacional de Cancún.
Dentro de él habría 3 mil 40 locales comerciales; 20 bodegas de cinco mil metros cuadrados; una zona habitacional de 721 viviendas y una explanada de 160 mil metros cuadrados para exhibir emblemas de la cultura china, incluida la presentación de grupos teatrales y dancísticos.
Rechazada la posibilidad por los organismos empresariales, dada la competencia desleal que plantea el esquema chino de exportaciones, se cuenta con la bendición del PRI y el Partido Verde Ecologista.
La presidencia municipal de Benito Juárez decidió no jugar el volado sola, integrándose un organismo que evaluara en primera instancia el proyecto. En éste cabían desde el Colegio de Ingenieros Civiles de Quintana Roo, Zona Norte, hasta la Barra de Abogados de Quintana Roo, pasando por el Consejo Consultivo Ciudadano del municipio.
Lo inaudito del caso es que se integró a éste, en calidad de juez y parte, al director general del Dragon Mart, Juan Carlos López, y al director jurídico del propio municipio. Sus votos inclinaron la balanza, frente a la oposición de organizaciones ecologistas y grupos independientes.
La paradoja del caso es que tras ganar el round, la firma promotora habló de que había posibilidad en materia de exhibición de productos por parte de empresas chinas y mexicanas, 400 y 400, además de 200 de otros países, al parecer centroamericanos y del Caribe.
Sin embargo, se desliza que son ya 4 mil 500 las firmas chinas interesadas en participar en la pequeña China en México.
La inversión inicial sería de 2 mil 340 millones de pesos.
Colocada la información a cuentagotas, queda la duda de qué tamaño es la apuesta del gobierno chino, y quiénes son los inversionistas reales de México, en un escenario en la empresa promotora ha cambiado tres veces de razón social.
En el misterio, hete aquí que al grupo parlamentario del PRD que acudió a una visita in situ se le negó el acceso al predio, alegando que se trataba de una propiedad privada, sin antes conocer el proyecto.
Y aunque previamente el Instituto Nacional de Migración le entregó a los legisladores su opinión sobre el proyecto, en cuyo marco se planteaba la residencia permanente de al menos mil 500 chinos, ésta se clasificó como reservada, por lo que no pueden hacerse públicas sus conclusiones.
Planteado un exhorto por la Cámara de Diputados para que las Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía, además de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y los gobiernos de Quintana Roo y el municipio de Benito Juárez, dieron su opinión frente el proyecto, ninguno de ellos ha respondido.
Las preguntas están en el aire: ¿Se permitirá el atraque de barcos cargueros en Puerto Morelos, a 30 minutos de Playa del Carmen, donde está el segundo arrecife más bello del planeta, a riesgo de destrozar la barrera de coral que lo protege?
¿Se concentrará el flujo permanente de contenedores en el Puerto Progreso de Mérida, y en tal caso cómo se garantizará que el exceso de carga no dañe las carreteras?
El Dragon Mart, a imagen y semejanza del existente en Dubai, con ventas anuales de productos chinos por 40 mil millones de dólares, ya casi.
BALANCE GENERAL
Colocado el "must offer" y el "must carry", como manzanas de la discordia es decir la exigencia de ofrecer gratuitamente los canales de televisión abierta a las empresas de televisión de paga, y la obligación de éstas de transmitirlos, las maniobras bajo la mesa de legisladores al servicio de Televisa están intentando sacar de la jugada a Dish, la empresa de televisión satelital de la cadena MVS, asociada con el magnate Carlos Slim.
La zancadilla consiste en una pequeña modificación a los artículos transitorios de la propuesta de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.
El "must offer" pasaría sólo para las firmas de televisión por cable, excluyendo las satelitales, lo que no afectaría a Sky de la propia Televisa, por ser canales de su matriz… por más que tendría que pagar por los de Televisión Azteca.
Desde otro ángulo, cambiadas un par de palabras, la propia Sky no tendría obligación de transmitir los canales de televisión abierta de las dos cadenas nacionales que se crearían… una de las cuales podría ser de MVS.
Éstos, pues, se quedarían al margen del 50% de la televisión de paga.
MÁS CONTRA ELBA
En las próximas horas la Procuraduría Fiscal planteará un cargo más contra la exlidereza del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo, acusándola de evasión de impuestos por varios miles de millones de pesos.
La paradoja del caso es que la denuncia sería la única que quedaría en firme contra la acusada, dada la imposibilidad de probar que traficó con recursos de procedencia ilícita y por ende participó en delincuencia organizada.
De acuerdo con abogados penalistas, además, el gobierno no podía haberla acusado, dado que no era parte afectada.
La querella la debieron haber planteado los maestros… cuyas denuncias se quedaron congeladas por años.
Como Al Capone, pues, la maestra encontraría su Waterloo ante la exigencia de "Dar al César…".
MEXICANA EN UN VOLADO
La semana entrante, concretamente al próximo lunes, se cumple el plazo otorgado por la juez del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Edith Alarcón, para que los postores para el rescate de la empresa avalen la existencia de recursos suficientes, lo que hasta hoy parecería misión imposible.
El problema es que la togada no está ya en opción de alargar el plazo, dado que ya son dos años y siete meses los que lleva el concurso mercantil.
La ley plantea un año máximo para ubicar una salida… o declarar la quiebra.
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