No se asusten ni se sorprendan, no se trata de una película de terror, estoy hablando de los engendros que ha sido capaz de diseñar la enriquecida imaginación de nuestros legisladores, quienes entre presiones externas, principios a medias y conveniencias, han diseñado una reforma electoral plagada de ambigüedades y contradicciones.
Había argumentos a favor y en contra. Transformar al Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral, era discutible si se piensa que no todos los institutos electorales locales han sido un fracaso democrático y además vulnera el federalismo, dado que cada entidad tiene su propia constitución donde se establecen las funciones de los órganos electorales locales y las reglas que los rigen. Pero se puede argumentar, con fundamento, que de 1997 a la fecha las elecciones federales a cargo del IFE han sido mejor organizadas que la mayoría de las elecciones locales; y también es probable que el costo administrativo de las elecciones bajaría, dado que el IFE de todos modos tiene una estructura profesional en todo el país.
Lo más grave de la reforma constitucional, aprobada el viernes 13 de diciembre, es la creación del INE, sin resolver los problemas fundamentales que aquejaban al IFE. El tema de la "autonomía" del Consejo General, sigue pendiente, dado que el procedimiento para nombrar a los once consejeros del INE adolece de la intromisión de los partidos, igual que antes; pero ahora se deposita en estos consejeros el arbitraje, no sólo de las elecciones federales, sino también las de las 32 entidades federativas.
La ambigüedad en la redacción del texto constitucional coloca al INE en una situación de gran vulnerabilidad, porque propiciará un conflicto en cada elección local. Es muy probable que un partido "perciba que sus derechos son vulnerados" y no habrá principios objetivos para que el Consejo General pueda tomar la decisión de intervenir o no. Por ejemplo, si al conocer el resultado de la elección, el partido perdedor percibe que sus derechos son afectados por los órganos electorales locales, podrá llevar su querella al Consejo General del INE, lo cual se convertirá a cada proceso electoral local en un debate nacional, donde intervienen los intereses de los partidos y se cuestionará las filias partidistas de los once consejeros del nuevo instituto nacional. Un espacio tan amplio a la discrecionalidad de todos los actores políticos, seguramente será motivo constantes tormentas electorales.
Mientras que otros temas, fundamentales para la democracia mexicana, quedaron pendientes. La reelección de legisladores se pospone para 2018, con lo que da un amplio aliento a las cúpulas partidistas para el manejo de las candidaturas; también se pospone en forma indefinida la segunda vuelta electoral. La reforma del DF se pospone para un nuevo periodo legislativo (lo cual ha venido ocurriendo ya muchas veces). Y reformas complementarias de gran importancia como las relacionadas con la corrupción quedaron sepultadas en un limbo paradigmático, crear una nueva gran "Comisión Autónoma", sin ninguna facultad para sancionar a los funcionarios que cometan actos ilícitos. ¿Cómo se podrá castigar entonces a los gobernadores, presidentes municipales y funcionarios gubernamentales de todos los niveles, que apoyen con recursos públicos las campañas de los candidatos de su partido?
Los legisladores del PAN y PRD habían identificado puntos en común que consideraron estratégicos para la reforma política, la mayoría de estos puntos fueron objetados por el PRI que a todas luces tiene poco interés en los cambios políticos, sin embargo a la hora de las negociaciones finales, tanto a la mayoría de los panistas, como los legisladores priistas se preocuparon más por sus intereses cercanos, sacaron una reforma política limitada y contradictoria, que vulnera la incipiente certeza en la democracia electoral que México había alcanzado, para atender los intereses involucrados en una reforma energética, que también ofrece la oportunidad para el despojo de los recursos petroleros de todos los mexicanos a manos, tanto de políticos corruptos como de grandes capitales privados nacionales o extranjeros.
(Investigadora del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México)
