Nuevamente los partidos políticos con mayor participación electoral en México, en este caso el PRI y el PAN con la oposición del PRD que incluso optó por romper el Pacto por México, aprovechan una reforma político-electoral, con algunos aspectos positivos, para salvaguardar e incrementar sus privilegios.
De lo que hasta hoy se conoce públicamente, hay cuatro decisiones que les benefician directamente: se repartirán las designaciones de dos consejeros electorales más; incrementan las barreras de entrada a las nuevas fuerzas políticas, con todos los beneficios que eso les acarrea a las ya existentes; se niegan a poner un freno definitivo a los gastos de campaña, con lo cual nuevamente privilegian el poder del dinero; y al permitir la reelección inmediata a partir del 2018, para diputados y senadores, los segundos votan una reforma que los beneficia directamente.
Centralizar la organización de los procesos electorales en un órgano electoral nacional, más allá de que va en contra de los principios del federalismo, implica concentrar las designaciones de los consejeros electorales -empezando por los dos más del Consejo General, ya que la propuesta incluye incrementar de nueve a 11 los miembros de este órgano con derecho a voto- en la capital del país, lo cual hace que los involucrados directamente en las mismas sean los comités ejecutivos nacionales de los partidos políticos.
Los partidos argumentan que es la única forma de arrebatarle el control de los órganos estatales a algunos gobernadores, lo cual puede ser cierto pero lafórmula no pretende democratizarlos, sino únicamente cambiar al manipulador: ahora son los gobernadores, con la nueva fórmula serán las dirigencias nacionales de los principales partidos políticos o, eventualmente, la misma Presidencia de la República, si logra mayoría en la Cámara de Diputados o en el Consejo. El remedio puede ser peor que la enfermedad y conducir una mayor concentración del poder.
Elevar del 2 al 3% el porcentaje mínimo de votación para conservar el registro puede ser políticamente muy vendible entre la población mexicana por el grado de descomposición de las dirigencias de los institutos políticos, pero que con la actual legislación lo que verdaderamente busca es incrementar los recursos que reciben los principales partidos políticos, pues la bolsa total que se reparte anualmente entre ellos hoy se determina en función del número de electores en el padrón electoral y el salario mínimo para el DF, así que esa seguirá incrementándose cada año, pero con las nuevas disposiciones se pretende que se distribuya entre menos partidos. Así la población tiene menos opciones y los partidos políticos más recursos. Pésima fórmula.
Finalmente, PAN y PRI, como sucedió también en la reforma de 2007-2008, cuando la alianza de los dos partidos eliminó las disposiciones que sancionaban con la nulidad de la elección el rebase de los topes de gastos de campaña, se niegan nuevamente a establecer sanciones que vayan más allá de las multas. Las multas no disuaden a nadie de violar los topes de gastos de campaña, pues candidatos y partidos están dispuestos a pagar las cantidades que sean con tal de ganar las elecciones; saben que ante la ausencia de un sistema de rendición de cuentas una vez en el poder recuperarán rápidamente el dinero que tuvieron que pagar de sanción por haber trasgredido las normas durante las campañas políticas.
Esa es la historia en todas las últimas elecciones presidenciales: Amigos de Fox y Pemexgate, en el 2000; la intromisión del Consejo Coordinador Empresarial y otros grupos económicos, en la elección del 2006; y Monex y Soriana en el 2012. Únicamente en los dos primeros casos hubo una sanción, que desde luego nada les importó a los candidatos y los partidos, posteriormente, recuperaron con creces su dinero.
La única forma de evitar la violación de los topes de gastos de campaña es decretar la nulidad de la elección, convocar a nuevas elecciones y prohibir que participe el involucrado o involucrados en dichas irregularidades. Es la única sanción que los disuadirá o, al menos, hará que sofistiquen su operativo para no ser detectados. De otra manera, continuará incrementándose la importancia del dinero en los procesos electorales y deteriorándose -todavía más- nuestra incipiente democracia electoral.
Y, finalmente, es verdaderamente insultante que los senadores propongan una reforma para ampliar sus mandatos seis años: ellos quieren que la reelección inmediata inicie con ellos mismos en el 2018, para quedarse hasta el 2024. Cierto, la reelección inmediata es una buena medida (aunque hay que aclarar que si no es parte de una reforma integral muy poco impacto positivo tendrá, entre las que destaca la posibilidad de que haya candidaturas no partidistas, que ya está contemplado en la Constitución, pero no aterrizado en leyes secundarias) pero en los transitorios hay que especificar que entra en vigor a partir de la elección de los sucesores de los actuales legisladores, es decir, en el caso de los diputados puede ser a partir del 2018 y en el de los senadores, del 2024.
Otra vez los partidos políticos y sus personeros en el Congreso de la Unión pretenden esconder o disfrazar una reforma francamente regresiva, detrás de algunas buenas disposiciones: la autonomía del Ministerio Público, la ratificación de algunos ministros por parte de alguna de las Cámaras y la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por parte del Congreso de la Unión, entre otras, que pueden considerarse positivas. Unos pasos adelante acompañados de varios retrocesos, así es más difícil avanzar en la construcción de la democracia.
