El cese de Humberto Benítez Treviño como titular de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor retrata fielmente la lógica del actual Gobierno Federal: tratándose de la imagen gubernamental todos los funcionarios son sacrificables, sin importar la cercanía personal con el presidente Enrique Peña Nieto, pero la decisión la toma arbitraria y discrecionalmente él mismo.
La declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue muy clara: "El Presidente de la República, al considerar que este caso ha dañado la imagen y prestigio de la institución, ha ordenado la remoción del cargo del procurador federal del Consumidor". Es decir, por encima de la Ley o la eficacia y eficiencia institucional, se encuentra la imagen y el prestigio.
No fueron los excesos de Andrea Benítez (la hija del ex titular de la Profeco que llamó directamente a los subalternos de su papá para ordenarles que actuaran en contra de un restaurante ubicado en la colonia Roma del Distrito Federal, porque no le habían querido asignar la mesa que ella quería, en el momento en que lo requería) lo que le costó el puesto a Benítez Treviño fue el revuelo que éstos causaron en las redes sociales.
El caso es muy significativo porque la decisión presidencial vuelve a poner de relieve el trato diferenciado a casos similares. En escasos 5 meses y medio de gobierno, Peña Nieto empieza a revelar la ausencia de criterios claros y precisos para la toma de decisiones, pues ante situaciones similares (no iguales) actúa de manera muy distinta.
Primero fue el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo acusada de utilizar recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para su beneficio personal (al margen de la denominación formal de los delitos); pero la complacencia y tolerancia frente a otros líderes sindicales (entre los que destaca Carlos Romero Deschamps y su familia) igualmente enriquecidos a expensas de las arcas sindicales, pero útiles para la implementación de sus pretendidas reformas estructurales.
Ahora la diferencia en el trato de los casos de Humberto Benítez y de Rosario Robles, mientras al primero lo cesa a la segunda le brinda públicamente su respaldo en el acto de lanzamiento de la Cruzada contra el Hambre y frente a su invitado de honor, el ex presidente brasileño, Lula. Cierto, los casos son muy distintos: el de Benítez, muestra la prepotencia de la hija del titular de la dependencia; mientras el de Robles, el descuido (o la complicidad) en el manejo del programa estelar del actual sexenio. Pero en ambos casos se trastocaba la ley y se afectaba la operación institucional.
Sin embargo, para seguir con las diferencias: en el caso de la Profeco la indignación fue de la población en general y se manifestó a través de las redes sociales y ocupó espacios importantes en los medios masivos de comunicación; mientras en el uso electoral de los recursos de los programas sociales irritó a los dirigentes de los partidos de oposición y lamentablemente no logró un impacto mayor entre la población en general.
Por ello la respuesta fue muy distinta: en el caso de Robles había que preservar (al menos por el momento) su presencia en la Secretaría de Desarrollo Social y se prefirió alterar la agenda legislativa para restaurar el "Pacto por México", finalmente a los únicos que había que convencer de su buena voluntad era a los dirigentes del PAN (Gustavo Madero) y del PRD (Jesús Zambrano). En el caso de Benítez, lo importante era el mensaje generalizado a la opinión pública, por lo tanto se requería una acción más espectacular y su cese lograría captar la atención de los medios masivos de comunicación, tal como sucedió. A pesar del desigual trato a ambos casos el Presidente logró un impacto favorable en la opinión pública: en el caso de Robles, porque logró restaurar el Pacto por México, y en el de Benítez, porque actuó con decisión y firmeza frente a un evidente abuso. Ya se perfilan las líneas de nuevo gobierno: lo importante es el impacto en la imagen y la opinión pública, no la vigencia de la ley y la eficacia y la eficiencia del gobierno.
La restauración del presidencialismo requiere de ese margen de arbitrariedad y discrecionalidad del titular del Ejecutivo y Peña Nieto se esmera por dejarlo claro, esto fue por demás evidente en el caso de Benítez, que permitió que en los 19 días que transcurrieron entre el hecho y el cese se difundieran opiniones o acciones contrarias a su decisión para acentuar más que ésta era totalmente personal.
Primero fue la Secretaría de la Función Pública, la que lo dejó fuera de cualquier responsabilidad; luego el mismo Benítez, el que señaló que él nunca había pensado en renunciar porque no tenía ninguna participación; y finalmente, el respaldo absoluto del jefe del sector, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Después de todo eso: el Presidente decidió el cese fulminante, no bastaba con cesarlo, había que dejar claro quién toma las decisiones, tiene la última palabra y ejerce del poder.
El presidente aprovechó los casos que se le presentaron para dejar claro que él es quien ejerce el poder y lo hará sin límites, pero con criterios desiguales y discrecionales según el caso y el personaje. Eso es precisamente el presidencialismo y además de restaurarlo hay que ostentarlo.
