Comunicar forma parte de las obligaciones de los gobiernos. En este país, como en la mayoría de los que se asumen democráticos o aspiran a serlo, el derecho a la información pública forma parte de la lista de prerrogativas ciudadanas asentadas en la constitución. Saber qué es lo que hacen los gobiernos con los recursos públicos pasa también por saber las formas que utilizan para comunicar sus acciones y cuánto gastan en ello y los criterios de compra de espacios publicitarios en los medios de comunicación.
En la semana que recién terminó, las asociaciones Fundar y Artículo 19, hicieron público el informe “El costo de la legitimidad: el uso de la publicidad oficial en las entidades federativas”, en el cual se arrojan datos reveladores sobre la opacidad y el ejercicio discrecional que priva en este rubro del gasto público. Por ejemplo, el informe establece que 27 de las 32 entidades federativas gastaron 4 mil 518 millones de pesos que no transparentaron ni justificaron.
Pero hay algo peor que no saber en qué se ejerció cierto recurso, y es no saber ni siquiera cuánto se gastó. Tal es el caso de Coahuila y Durango. En el primer caso, según el informe, no existen datos sobre la inversión en publicidad oficial desde 2005. En el segundo, la administración estatal no aportó información de 2011.
Luego de darse a conocer el análisis de Fundar y Artículo 19, el secretario de Finanzas de Coahuila, Jesús Ochoa Galindo, negó que el gobierno de Moreira incurra en opacidad en este asunto y declaró que en 2012 se gastaron 680 millones de pesos en publicidad oficial y que en 2013 sería aproximadamente lo mismo. Llama la atención que la cifra aportada por el funcionario representa 112 millones de pesos más de lo que erogó el estado que más invirtió en este rubro en 2011, que fue Nuevo León. Respecto a la información de 2011, la respuesta de Ochoa es digna de una antología de la antiinstitucionalidad: “Yo no era secretario de Finanzas en ese entonces”. En el caso de Durango, hasta el momento no se han aportado los datos de 2011 y 2012.
Pero también en los municipios se da el dispendio en publicidad oficial. Como ejemplo está el caso del ayuntamiento de Torreón, el cual, además de incrementar considerablemente su gasto de imagen de 2010 a 2012, en este último año rebasó el tope presupuestal que establece el Código Financiero que es del 3 por ciento. El año pasado el Municipio erogó 71 millones de pesos, es decir, el 4 por ciento del total del presupuesto.
Todo esto demuestra que en materia de transparencia en comunicación oficial, hace falta mucho por hacer. Y no nada más es un asunto cuantitativo, sino también cualitativo. Además de saber cuánto se gasta, es necesario que los gobiernos justifiquen por qué decidieron invertir en tal o cual medio y que los mensajes que se den a conocer en realidad sean de beneficio público y no mera propaganda. Todo en aras de una nueva relación entre los gobiernos, la ciudadanía y los medios de comunicación; una relación que redunde en una sociedad más democrática.