La viabilidad del Estado Benefactor (EB) que surgió en Europa como alternativa democrática al Estado propietario favorecido por las ideas socialistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, está en riesgo al menos por tres motivos.
El primero es que desde hace varios años los cambios demográficos en el mundo, particularmente en Europa y Japón, con pirámides poblacionales donde los estratos jóvenes se estrechan significativamente y se agrandan los de mayor edad, presionan a los regímenes tradicionales de pensión de los trabajadores por jubilación, basados en el sistema de reparto.
Este sistema, pieza clave del EB, fondea las pensiones de quienes se retiran de trabajar con las cuotas de los trabajadores activos y se sostiene mientras éstos superan a los primeros. Al envejecer la población y ser menos los jóvenes que ingresan a trabajar, el sistema sólo puede subsistir con transferencias procedentes de los ingresos públicos.
El segundo factor que amenaza al EB es el envejecimiento de la población, que con el aumento significativo de la esperanza de vida de la población, en particular desde mediados del siglo XX, aumenta la presión para atender a los trabajadores jubilados.
El tercer motivo de presión para el EB es que desde 2008 fue necesario atacar, con una política fiscal expansiva, los perjuicios de la Gran Recesión. Por ejemplo, en promedio en la Eurozona el gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 46.9 por ciento durante 2004-2008 y subió a 51.2 por ciento en 2009.
Lo anterior, combinado con ingresos públicos que, por razones obvias, se estancaron, provocó que el déficit público creciera en la Eurozona de 1.9 a 6.4 por ciento del PIB en esas fechas.
El financiamiento de este déficit elevó la proporción de deuda pública/PIB en la Eurozona de un promedio de 69 por ciento en el período 2004-2008 a 79.9 por ciento en 2009. Por otra parte, aunque el déficit se redujo a 3.7 por ciento del PIB en 2012, la proporción de la deuda pública respecto al PIB se incrementó hasta 92.6 por ciento en ese año.
La situación fue más complicada en algunos países como Grecia, España y Portugal, donde en 2009 la relación déficit público/PIB, alcanzó 15.7, 11.1 y 10.2 por ciento, respectivamente. En Irlanda, a raíz del rescate de su sistema financiero, esa proporción llegó hasta 30.6 por ciento en 2010.
Cabe recordar que el Tratado de Maastricht que rige el funcionamiento de la Unión Europea, establece que el déficit público en los países miembros no puede superar al 3 por ciento del PIB y que el coeficiente de deuda pública/PIB no debe exceder el 60 por ciento.
La necesidad de corregir estos desequilibrios sin poder devaluar su moneda, el euro, y en un ambiente recesivo donde los ingresos agregados en la economía, por definición, no crecen, deja casi como única salida al recorte del gasto público.
Esto amenaza la supervivencia del EB, en especial en los países con mayores problemas de deuda soberana. Ello explica porque la dirigente política Esperanza Aguirre, en ese entonces a cargo de la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid en España, declaró a mediados de 2012: "Si algo nos ha enseñado esta crisis es que lo que hemos llamado Estado de Bienestar no puede seguir creciendo indefinidamente".
Una opinión similar emitió a finales de septiembre pasado el nuevo Rey de Holanda, Guillermo Alejandro, quien en su primer discurso ante el parlamento, a nombre del gobierno de coalición de políticos de derecha y centroizquierda, expresó que el "Estado de bienestar clásico de la segunda mitad del siglo XX está terminado" y debe ser sustituido por "una sociedad participativa".
En América Latina, algunos países, como Chile, Argentina y México, reformaron desde las décadas de 1980 y 1990, respectivamente, sus sistemas de pensiones para basarlos en un régimen de capitalización con cuentas individuales que no presionan en forma directa las finanzas públicas.
No obstante, el espejismo del EB en América Latina no ha desaparecido. En Argentina, que en la década de 1990 adoptó también el régimen de capitalización, lo abandonó en 2008 cuando el Estado expropió los ahorros de los trabajadores y regresó su sistema de pensiones al régimen de reparto.
En México corremos el riesgo de ir por ese camino. La iniciativa de Reforma Hacendaria y de Seguridad Social, presentada por el gobierno actual incluyó la promesa de una pensión universal, no contributiva, adquiriendo así compromisos futuros crecientes para las finanzas públicas y el riesgo de que el EB, para seguir usando su mano generosa, recurra a la mano dura elevando una y otra vez los impuestos a la población.
