El pasado jueves 21 de febrero la organización Human Rights Watch (HRW) dio a conocer un espeluznante informe sobre las desapariciones forzadas (desapariciones de personas en las que interviene alguna autoridad) durante el sexenio de Felipe Calderón. En el mismo se deja constancia de que HRW logró documentar 249 casos de desaparición y en 149 de éstos la organización encontró pruebas contundentes de que agentes de alguna de la fuerzas de seguridad del estado mexicano participó en las mismas, en ocasiones en colusión con los grupos de la delincuencia organizada.
Se precisa que estos 249 casos no son la totalidad de los que ocurrieron durante el pasado gobierno, pues una lista preliminar elaborada por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación que se filtró a los medios en noviembre de 2012 incluía a más de 25 mil desaparecidos o reportados como extraviados desde el 2006. El jueves la subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón, habló de una cifra de 27 mil.
En los casos documentados se cuenta con evidencias de que en 13 de ellos participaron policías federales; en 20, miembros de la Marina; en 95, policías locales (tránsitos, policías municipales y/o estatales); y de éstos, en 60 se documentó la colusión con la delincuencia organizada, es decir, las autoridades los detenían y se los entregaban a los delincuentes.
En la mayoría de los casos documentados se trata de víctimas inocentes, es decir, sin ningún vínculo aparente con la delincuencia organizada o involucrados en algún tipo de delito común. Entre otros, se encuentran los 10 cazadores guanajuatenses que, en diciembre de 2011, fueron detenidos por la policía local en el municipio de Joaquín Amaro, Zacatecas y posteriormente "en grabaciones tomadas por cámaras de seguridad se puede ver cuando…ocho de los detenidos son entregados por policías locales a hombres armados en una gasolinera en Fresnillo, Zacatecas. Los ocho hombres nunca más fueron vistos." También destaca el caso de 4 jóvenes de Nuevo León, que el 17 de junio de 2011, fueron detenidos por agentes de tránsito del municipio de Juárez, N.L. porque no tuvieron dinero para pagar una cuenta de 175 pesos en un bar de dicho municipio; posteriormente fueron depositados en un vehículo civil y se desconoce su suerte.
Casi cualquiera de los casos documentados es igualmente escalofriante y muestra la vulnerabilidad de la población civil en México. El informe recuerda que la desaparición forzada es un delito de los llamados continuos, es decir, se mantiene en tanto no exista un desenlace cierto, por lo tanto, la gran mayoría de los casos documentados todavía están vigentes, pues no se ha dado con el paradero (vivos o muertos) de los desaparecidos.
Peor todavía fueron las revelaciones en la conferencia de prensa del viernes 22, cuando dirigentes de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) de Nuevo León, revelaron que únicamente en lo que va del 2013 les han denunciado 12 casos que involucran a 47 personas desaparecidas; y de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), de Coahuila, que señalaron que en Coahuila les han llegado a reportar hasta 9 desaparecidos en un mismo día. Así no únicamente están vigentes las desapariciones forzadas iniciadas en el sexenio anterior, sino que el número se incrementa diariamente con la denuncia de nuevos casos.
Las familias de las víctimas además de la incertidumbre y el sufrimiento que viven por desconocer su paradero, se agregan los impactos económicos, pues en muchos casos pierden los beneficios de la seguridad social.
Consuelo Morales, dirigente de CADHAC, señaló en dicha conferencia que en Nuevo León lograron integrar un grupo de trabajo con la Procuraduría de Justicia del Estado para darle seguimiento puntual a estos casos, que ya les ha permitido conocer el paradero de algunos de los desaparecidos, sin embargo, queda pendiente la sanción a los responsables. José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, destacó que en ninguno de los casos documentados "se ha condenado a los responsables de las desapariciones".
HRW propone acciones muy concretas a las distintas instancias de gobierno y una de ellas era precisamente el instalar una comisión permanente de trabajo, a imagen y semejanza de la que ya se instaló en Nuevo León, para darle seguimiento puntual a los casos documentados, misma que fue anunciada el viernes por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
La medida es positiva, al igual que lo fue la publicación de la Ley General de Víctimas, pero no serán suficientes mientras no se reforme el Código de Justicia Militar, para evitar que los militares involucrados en estos delitos se refugien en el mismo para evadir la justicia civil; se uniforme la legislación estatal y federal para tipificar conforme a los estándares internacionales el delito de desaparición forzada; se emita un decreto para mantener la cobertura de los servicios sociales básicos para los familiares de los desaparecidos, particularmente, sus parejas e hijos; se aclare el paradero de todos los desaparecidos; y se castigue a los responsables de estas desapariciones.
Hasta hoy, el nuevo Gobierno federal ha enviado algunas señales positivas, pero todavía no muestra resultados concretos; se tiene que pasar de las promesas a los hechos y, para ello basta atender las 18 recomendaciones puntuales que HRW hace a las distintas autoridades federales y estatales (8 al Ejecutivo federal; 5 a los ministerios públicos federales y estatales; y 5 a los legisladores federales y estatales).
