Este 2 de junio se corrió el Handicap de las Américas, la carrera más importante del año en nuestro país. El majestuoso Hipódromo de las Américas estaba a reventar, cosa que no ocurre todos los días. El hipódromo no es negocio ni para la empresa ni para los dueños de los caballos.
Es una lástima. Más de 2,500 personas trabajan directamente en esta instalación fundada en 1943. Quizá más de 10 mil reciben de ahí un ingreso indirecto, especialmente en rancherías.
La accionista mayoritaria del Hipódromo de las Américas es Codere, una firma española fundada en 1980. La empresa cotiza en la Bolsa de Madrid desde 2007, lo cual le genera obligaciones de transparencia inusuales en el negocio de las apuestas. Quizá por eso Codere es reconocida como una de las empresas más serias del mundo en esta actividad.
La firma, sin embargo, está registrando pérdidas. Parte de sus problemas viene de las dificultades económicas de España. No ayuda que las cuantiosas inversiones que ha hecho en México, al adquirir operaciones de apuestas legítimas de Grupo Caliente y de CIE, incluyendo el Hipódromo de las Américas, hayan recibido golpes contundentes por decisiones arbitrarias.
Las pérdidas del hipódromo han sido tradicionalmente compensadas por los centros de apuestas. Cuando CIE obtuvo la concesión recibió también permisos para operar varios de estos establecimientos. Manejar el hipódromo, con sus pérdidas, pero su gran generación de empleos, era una contraprestación por las previsibles ganancias de las apuestas.
Codere decidió entrar al mercado mexicano con estas reglas y como parte de un esfuerzo de internacionalización que la ha llevado a tener presencia en ocho países de Europa y América. Su ventaja competitiva radica en ser un participante profesional, respetuoso de las leyes y pagador escrupuloso de impuestos, en un negocio muchas veces dominado por personajes oscuros.
Las decisiones de las autoridades mexicanas, sin embargo, suelen ser perversas o interesadas. Es más fácil o rentable clausurar a los que respetan la ley que a los informales. El ataque incendiario al Casino Royale de Monterrey el 25 de agosto de 2011, en el que murieron 52 personas, generó una enorme presión política contra el alcalde panista Fernando Larrazábal. Margarita Arellanes, también del PAN, quien asumió la presidencia municipal en octubre de 2012, lanzó en febrero de 2013 una campaña moralizante contra los "casinos" y cerró 10, cinco de ellos de Codere. Pero sólo tocó uno de Juan José Rojas Cardona, el "Zar de los Casinos", dueño del Casino Royale. Un oportuno pitazo le permitió un día antes a su hermano Arturo promover amparos para sus 10 casinos en Nuevo León. Le quedan cinco abiertos en Monterrey.
Más que convencer a los regiomontanos de lo inmoral de las apuestas, las clausuras sólo han fortalecido a los operadores turbios. Si antes había que pagar por abrir un casino, quizá hoy hay que pagar para que las autoridades cierren la competencia. Los esfuerzos moralizantes suelen terminar en fracasos. La gente apuesta porque quiere. Prohibir la actividad sólo produce mercados negros. El negocio formal de apuestas, en cambio, genera más de 45 mil empleos en el país.
El Estado debe asegurar un ambiente seguro y transparente para cualquier actividad. Así funciona el Hipódromo de las Américas, al que acuden familias enteras a divertirse. Así operan también las empresas serias de apuestas. Por eso inquieta que las autoridades cierren los centros que operan en la legalidad para beneficiar a quienes lo hacen de manera oscura.
TAHITÍ
Como respuesta al levantamiento de 11 jóvenes de un antro de la Zona Rosa, el gobierno capitalino ha cerrado el Tahití, un table-dance. Siempre que hay tragedias las autoridades buscan tapar el pozo… clausurando centros de entretenimiento que no tienen nada que ver con el problema.
Twitter: @sergiosarmient4
