Hay fechas importantes en la historia individual de una persona y fechas que sientan precedentes en la historia de un país. Fechas como la del 17 de octubre de 1953, que marca el día en el que las mujeres mexicanas ganaron el derecho al voto a nivel federal. Fechas como la de hoy, que marca el plazo en el que se conocerá la situación legal de Hilda, una mujer que fue sentenciada a un año de cárcel en San Luis Potosí por el delito de aborto, pese a que no había pruebas contundentes de que ella se había inducido el aborto y pese a que fue obligada a declararse culpable bajo la intimidación de una trabajadora social en un cuarto en el que Hilda no tuvo acceso a una defensa legal y sin una cara familiar que la acompañara.
Dentro de los derechos conseguidos por las mujeres, el del derecho a decidir sobre sus cuerpos, el del acceso a una interrupción legal y segura del embarazo, ha causado profundas divisiones en las sociedades que lo han discutido en Occidente. Al respecto, en México el aborto compete a la legislación local y en los 31 estados del país, así como en la Ciudad de México el aborto está permitido legalmente en caso de violación. Es decir, en México el aborto es un delito, salvo en las causales que contempla la ley que varían conforme a cada estado.
Desde 2007, la Ciudad de México tiene las leyes más abiertas del país que permiten el acceso a una interrupción legal y segura del embarazo durante las primeras doce semanas de gestación, incluso por voluntad de la mujer. La reforma en la capital del país indujo que en 16 estados se aprobaran reformas constitucionales, apoyadas principalmente por el PAN, el PRI y la iglesia católica, que buscaban evitar que en esas entidades se ampliaran las causales para permitir un aborto legal y que buscaban "proteger la vida" desde la concepción.
Como resultado, hoy en México hay 17 estados con leyes que prohíben la interrupción legal del embarazo. Desde entonces, varias organizaciones de la sociedad civil, incluido el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), evalúan los efectos de esas reformas en la vida de las mujeres. Desde el hecho de que ahora las autoridades en esos estados no saben cómo aplicar la ley cuando llega una chica que fue violada y que pide el acceso a la interrupción legal del embarazo, hasta cuando una mujer sufre un aborto espontáneo, es señalada como una criminal y llevada ante tribunales por el delito de aborto, precisamente como ocurre en el caso de Hilda.
Afortunadamente para Hilda, GIRE la ha acompañado legalmente a lo largo de todo el caso. Este martes se ha convocado a una conferencia de prensa para conocer la decisión de un tribunal que revisó un recurso de apelación interpuesto por las abogadas de GIRE. El caso ha recibido un amplio eco en los medios de comunicación gracias a la labor de GIRE y a que se abrió una causa en la página de change.org, a la que me sumé como vocero, y en donde pudimos recopilar casi 35 mil firmas de apoyo a Hilda, pidiéndole a los magistrados de la Quinta Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí que resolvieran sin prejuicios personales y morales en torno al tema del aborto.
Precisamente hace unas semanas acompañé a las abogadas de GIRE a San Luis Potosí para dar a conocer la causa de apoyo que lanzamos en change.org y pude constatar cómo los medios locales habían dejado de hablar de Hilda como una delincuente y cómo las autoridades locales se habían interesado en este caso. Sin la presión liderada por GIRE y sin el interés de la sociedad civil, el caso de Hilda se habría sumado a la indiferencia, la omisión y a la injusticia, como el de otras 60 mujeres más que sólo en ese estado enfrentan procesos similares, según comentó un periodista que acudió a esa conferencia de prensa, citando al presidente del tribunal del estado.
El caso de Hilda es emblemático pues pone en evidencia cómo las reformas en los 17 estados que protegen la vida desde la concepción han causado problemas de interpretación de la ley, han hecho que se conozca que al menos 679 mujeres en todo el país hayan sido denunciadas por el delito de aborto durante el periodo 2009-2011, de acuerdo con un informe de GIRE y que no sepamos bien a bien cuántas más estén ahorita en la cárcel debido a esas reformas en los estados.
Al final del día, si el caso de Hilda termina siendo favorable para ella, y para todas las mujeres que sigan, habrá sido gracias al apoyo de una sociedad civil activa, de medios de comunicación que fueron aprendiendo los detalles del caso, que informaron sin enjuiciar y de autoridades que se dieron cuenta de los efectos perniciosos que tienen esas reformas locales en las vidas y en los derechos de las mujeres.
Hoy la pesadilla de Hilda podría llegar a su fin, pero aún siguen los casos de otras tres mujeres en otros estados, Ana María, Paola y Nicolasa, a las que GIRE también está defendiendo legalmente y a todas las que se sumen posteriormente. El 27 de agosto de 2013 es el momento de Hilda y tal vez el caso que detonará el principio del fin de la criminalización de las mujeres mexicanas por el derecho a decidir.
Politólogo e Internacionalista
Twitter @genarolozano
