Al final del sexenio de Felipe Calderón y con el respaldo del entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto (EPN), se aprobaron dos iniciativas de leyes presentadas como preferentes, relativas al mercado laboral y a la transparencia en la administración de los recursos públicos.
Esto, junto con la aprobación, ya en la presidencia de EPN, de varios cambios en materia educativa y de telecomunicaciones, hace pensar a muchos que hay avance en las modificaciones estructurales que requiere México para modernizar sus instituciones y, con ello, mejorar la competitividad en nuestra economía.
La estrategia de la nueva administración ha progresado gracias al Pacto por México (Pacto), firmado al día siguiente de la toma de posesión de EPN, con la anuencia de los tres partidos políticos principales y el compromiso inmediato de impulsar las reformas educativa y de telecomunicaciones, al ser de las que menos afectan los intereses de los distintos partidos.
Hasta ahora, el Pacto ha probado ser eficaz para canalizar las iniciativas mencionadas, pero al ser un acuerdo político, su suerte queda vinculada directamente a los intereses de cada partido y sujeto a las tensiones propias de la política, como se comprueba con los reclamos por el uso de recursos públicos en Veracruz para favorecer al partido de EPN.
Al margen de ello, para el futuro inmediato quedan pendientes las tareas de instrumentar los cambios aprobados y avanzar en las otras reformas. La realidad indica que la instrumentación de la llamada reforma educativa enfrenta, sobre todo en el estado de Guerrero, una oposición frontal, e inconformidades en Michoacán, Oaxaca y Chiapas.
Esta oposición tiene dos significados relevantes. Primero, confirma que una vez sorteado el escollo de la discusión y aprobación parlamentaria de las iniciativas de ley, queda todavía un trecho largo y difícil por recorrer para ponerlas en práctica.
Segundo, cuando se afectan intereses de grupos, éstos presionan para revertir o bloquear, aunque sea parcialmente, las partes medulares de las reformas. Desde luego, no todas las reacciones serán como la de los maestros ni, para el caso, como la del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero el reacomodo de fuerzas sociales puede resultar agitado.
La forma en que se resuelvan estos enfrentamientos será clave para definir el futuro de las reformas estructurales pendientes en México. Por ejemplo, el Congreso de la Unión aprobó el 30 de abril el cambio constitucional necesario para la reforma de Telecomunicaciones, pero todavía faltan las nuevas leyes en la materia, que por nuestro calendario político tendrán que comenzar a ventilarse hacia el final del 2013 y, en un descuido, el 2014.
De las reformas pendientes, dos serán cruciales para definir el rumbo del país y determinarán la suerte del programa de reformas estructurales de EPN. Se trata de las reformas fiscal y energética, que por ser más conflictivas se dejaron para la última parte del año.
La energética, de acuerdo al calendario aprobado por los firmantes del Pacto, se suponía sería presentada en este primer semestre para su discusión, para luego proceder a su instrumentación en el segundo, cuando también se conocería la iniciativa para la llamada reforma hacendaria eficiente y equitativa, que se aplicaría a partir de 2014.
El tiempo se vino encima y lo más probable es que ahora conoceremos los alcances de ambas reformas hacia agosto o septiembre. En dicho contexto, me parece que los cambios profundos, en particular en lo que toca al tema de la energía, pudieran quedarse en el terreno de las buenas intenciones.
Una reforma energética necesita de cambios en la Constitución, tanto en materia eléctrica como de hidrocarburos. La experiencia en el recién terminado periodo de sesiones, donde se discutieron reformas de menor resistencia política, parece apuntar a que la agitación en las calles llevará sólo a modificaciones cosméticas cuya contribución al crecimiento económico será prácticamente inexistente.
Por otra parte, la reforma tributaria, aun cuando incluya la aplicación del impuesto al valor agregado (a una tasa muy inferior a la general) a muchos de los bienes y servicios ahora exentos, no me parece que vaya a generar los ingresos suficientes para financiar la instrumentación de otras reformas y políticas públicas consideradas en el Pacto por México y aliviar, al mismo tiempo, la futura carga financiera de la deuda pública, una vez que suban las tasas de interés.
Sobre lo que no cabe discusión es que los mercados financieros ya se decepcionaron con nuestro magro crecimiento del primer trimestre y bien podrían volver a decepcionarse si, como muchas veces en el pasado, a la hora de discutir las reformas nos doblamos en el momento de la verdad.
