El movimiento ya no es simplemente magisterial. Se le han unido "policías comunitarias" para conformar el Movimiento Popular Guerrerense. Sus demandas no se limitan ya, por otra parte, a la reforma educativa.
El viernes 12 de abril 13 policías comunitarias de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), anunciaron su decisión de unirse al Movimiento Popular Guerrerense formado en torno de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero.
En un comunicado estas policías comunitarias señalan: "Con coraje observamos la urgencia y descaro de los representantes del mal gobierno y de los empresarios por aplicar las llamadas [reformas] estructurales que necesitan para hacer efectivo el total despojo de los bienes y de los derechos del pueblo."
¿Cuáles son las demandas concretas y los agravios? En primer lugar el grupo exige que el Congreso de Guerrero apruebe una reforma a la Ley Estatal de Educación que garantice los derechos laborales de los maestros y la gratuidad de la educación. Pide además que se cancelen todas las concesiones mineras en territorio comunitario en Guerrero y en el país; la exploración y explotación de minas, argumenta, violan la soberanía nacional.
El comunicado señala, por otra parte, que la reforma al artículo 27 de la Constitución de la década de 1990 "hace posible que los empresarios despojen de sus tierras y patrimonios a los ejidatarios y comuneros". Según este movimiento, el gobierno ha dejado de apoyar a los productores del campo para que sean los empresarios los que inviertan y hagan a los campesinos peones de su propia tierra.
En realidad la reforma educativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de este 2013, no elimina los "derechos laborales" de los maestros. Simplemente dice que la educación en México tendrá que ser de calidad y establece un sistema de evaluación con el presunto propósito de lograrlo. Las contrataciones de maestros y sus ascensos se harán sobre la base de su desempeño en las evaluaciones, pero los maestros que no aprueben no perderán su empleo. La fracción IV del artículo tercero constitucional, que establece la gratuidad de la educación, no fue tocada en la reforma.
Las concesiones mineras no tienen nada que ver con la reforma educativa, pero si el movimiento realmente logra eliminar la minería de todas las tierras "comunitarias" del país, esto es, los ejidos y las tierras comunales, se estaría retirando más de la mitad del territorio de la minería con un consecuente desplome de una de las actividades más importantes para la economía mexicana.
El rechazo a las modificaciones del artículo 27 de los años noventa, que permitió a los ejidatarios vender sus tierras aunque sólo tras engorrosos procesos burocráticos, muestra la convicción de que la propiedad del campo debe ser colectiva y no individual.
¿Qué tan importante es el movimiento? En realidad sólo 380 de las 10,200 escuelas de Guerrero están en paro, según la Secretaría de Educación del estado. Pero su poder se ve multiplicado por la facilidad para bloquear carreteras o comercios sin que la autoridad haga nada o lo haga solamente después de mucho tiempo. Otra fuente de poder es que los maestros siguen percibiendo su sueldo aun cuando no se presenten a trabajar. Los contribuyentes son obligados así a subsidiar un movimiento que los ataca. El que las policías comunitarias se unan añade un poderoso contingente armado al movimiento. Es una amenaza de posible violencia en el futuro.
NORMALISTAS
En Oaxaca los normalistas en paro que exigen plazas automáticas han rebasado el 15 por ciento de inasistencias que establecen las normas educativas. Pero no importa. Ya se buscará alguna manera para que puedan seguir gozando de sus becas aun cuando no acudan a clases.
Twitter: @sergiosarmient4
