La detención y proceso penal en contra del notario público de Gómez Palacio, Octaviano Rendón Arce, sienta un precedente ominoso en contra de los derechos fundamentales del ciudadano en materia de legalidad y de seguridad jurídica, y es un ultraje en contra de la institución del Notariado.
De acuerdo a la Ley de la materia en el Estado de Durango, el Notariado es una Institución de orden público que está a cargo del Gobernador, quien delega la función en profesionales del derecho. El Notario Público tiene entre sus obligaciones la de acudir a solicitud de quien lo requiera, a dar cuenta y hacer constar con fidelidad los hechos que ocurran en su presencia, tal y como los perciba a través de sus sentidos.
En orden al cumplimiento del deber jurídico que es a su cargo, el Notario es llamado con frecuencia cotidiana a dar fe de hechos concretos, lo cual ocurre en situaciones jurídicas dudosas, pues en otras condiciones y si no fuera por necesidad específica y estricta de los involucrados, su intervención no tendría sentido.
Al realizar las funciones referidas con antelación, el Notario está obligado a acudir al llamado de quien lo requiera, a identificar a los solicitantes de la diligencia, a explicar a los interesados los alcances de la fe notarial en el caso particular, a referir las circunstancias, y finalmente a levantar un acta en la que de fe de los hechos de que se trate.
Al hacer constar los hechos, el notario no es un juez que tenga competencia para decidir sobre las cuestiones que pasen ante su fe, y sólo puede rehusar la práctica de la diligencia si se trata de hechos notoriamente ilícitos, como sería el caso tan improbable como absurdo, de que se pidiera su intervención para dar fe de un delito deliberadamente perpetrado en su presencia.
Por ello causa extrañeza que debido a su participación en una diligencia notarial que tuvo lugar el pasado veintinueve de abril, el Licenciado Octaviano Rendón se encuentre encarcelado y sometido a proceso. Rendón Arce ha ejercido el oficio notarial en la ciudad de Gómez Palacio desde hace treinta años, se distingue por prestar sus servicios de manera profesional, diligente e indiscriminada a quien los solicite, y su larga trayectoria notarial está libre de escándalos o reclamos relevantes.
La diligencia en comento tuvo como escenario una disputa al interior de una organización campesina de la región, y Octaviano fue llamado por una de las partes. Aún en el supuesto de que los hechos sobre los que dio fe el Notario llegaran a revelar la usurpación de funciones de los solicitantes de la diligencia o la comisión de cualquier otro delito, el fedatario sólo tiene responsabilidad de sus propios actos u omisiones.
Toda persona debe ser considerada inocente mientras no se demuestre que es culpable sin embargo, no podemos descartar que el Notario en éste o cualquier otro caso pudiera incurrir en la comisión de hechos ilícitos, y por ello los artículos 120 a 123 de la propia Ley del Notariado de Durango, regulan el tema de la denuncia e investigación de los delitos que se les atribuyen a los notarios en ejercicio de sus funciones.
Los dispositivos legales en cita regulan el ejercicio de la institución notarial y al efecto, previenen que las denuncias por delitos atribuidos a los notarios en ejercicio de su función se presentarán ante una comisión Investigadora compuesta por el Procurador (o Fiscal) General de Justicia, por el Presidente del Colegio de Notarios del Estado y por un abogado designado por el propio Gobernador. Esta última designación de un abogado por parte del Gobernador, se explica porque es el prestigio institucional del mismísimo Poder Ejecutivo, el que está en entredicho con motivo de la acusación.
El procedimiento de referencia incluye de manera expresa el derecho del imputado de ser oído en su defensa y de aportar pruebas a su causa, como requisito previo al pronunciamiento de una resolución que declare si hay o no elementos para acusar penalmente al Notario.
En el caso ninguna de las disposiciones legales fue observada. El Notario fue privado de su libertad al día siguiente de practicada la diligencia y está preso y penalmente procesado con dispensa del trámite al que obliga la Ley del Notariado.
El hecho es una vergüenza para el Gobierno del Estado de Durango y para los Notarios Públicos de dicha entidad, que hasta el momento no han dicho: "Esta boca es mía...".
